Algunas autoridades del Gobierno y políticos opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron, este domingo, una presunta "sumisión" de los administradores de la justicia, después de que se anuló la orden de aprehensión contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y otros.

"Bolivia tiene la peor justicia del mundo. Nos dan vergüenza, da pena que no solo no se respete la ley, sino que no tengan dignidad y (que) por cuidar sus pegas, sin que haya asumido el nuevo gobierno, muestren esa sumisión asquerosa", expresó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, a través de su cuenta en Facebook.

Por su parte, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, consideró que la decisión judicial muestra que los jueces acaban de recordar que eran del MAS y por eso se están alineando con el nuevo gobierno antes de su posesión, prevista para el 8 de noviembre.

Pero "no podemos dejarles a nuestros nietos un país sin justicia, en el que impere la ley del más fuerte", agregó Doria Medina, mediante su cuenta en Twitter (@SDoriaMedina).

Mientras, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó que la victoria del MAS, en las elecciones generales del 18 de octubre, no puede generar impunidad.

Asimismo, el analista Carlos Börth lamentó que la justicia esté sometida a presiones de tipo político de diferente orientación.

"No deja de sorprender las decisiones que se van adoptando en el seno del Órgano Judicial, aunque resulta entendible, son decisiones que reflejan los cambios políticos registrados a partir de los resultados electorales, el MAS volvió a ganar las elecciones con una votación importante, tiene mayoría absoluta en ambas cámaras y esto le da un poder político que rápidamente es sentido y asimilado por los operadores de la justicia y comienzan a actuar en función de esto", afirmó Börth, en contacto con radio Panamericana.

Estas reacciones surgen luego de que el Juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer de La Paz determinó anoche, en una audiencia virtual sorpresiva, dejar sin efecto la orden de aprehensión de Quintana.

El exministro es una de las siete exautoridades asiladas desde hace un año en la residencia de la Embajada de México en La Paz. En noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra Quintana por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y otros.

La denuncia fue realizada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, debido a las declaraciones que hizo el exministro, antes de la renuncia de Morales, y en las que dijo que Bolivia se iba a convertir en un "Vietnam moderno".

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