El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se pronuncia sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley 1315 que rige las elecciones del 18 de octubre y la consulta sobre la cancelación de la personalidad jurídica del MAS, ambas promovidas hace más de un mes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE); los abogados cuestionan la demora, el hermetismo y falta de transparencia en la información para el seguimiento de varias demandas.
La acción de inconstitucionalidad contra la ley 1315 fue presentada el 28 de agosto por el diputado Luis Felipe Dorado y otros abogados. Un mes después no se sabe si fue admitida y está en trámite la sentencia.
El parlamentario demandó la inconstitucionalidad de esta ley que sanciona como delitos a los ciudadanos que incumplan su deber electoral en medio de la pandemia.
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