La Defensoría del Pueblo instó a los órganos Legislativo y Ejecutivo a definir medidas oportunas, razonables y proporcionales que garanticen la devolución de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs), que demanda un movimiento de personas, asegurando que esta situación no menoscabe el actual sistema de seguridad social a largo plazo.
“Si bien la institución defensorial está de acuerdo con la devolución de aportes a aquellas personas que lo requieran, considera que la citada devolución no puede ser realizada al 100%, y el porcentaje debe guardar una relación entre la devolución y la sostenibilidad del sistema de pensiones; sin embargo, estos parámetros y cualquier medida, deben ser producto de un diálogo sincero, bajo conceptos netamente técnicos que no contengan sesgos políticos”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La Defensora indicó, además, que cualquier medida en este tema debe garantizar la no afectación a la pensión de aquellos ciudadanos que actualmente cuentan con una renta, como tampoco las prestaciones de salud que perciben bajo su jubilación.
Cruz indicó que se requiere de un debate obligatorio que deben asumir el Legislativo y el Ejecutivo frente al problema actual de un grupo de personas que exige la devolución de sus aportes ante la necesidad económica que enfrentan sus familias como resultado de la inestabilidad laboral que trajo consigo la pandemia COVID-19.
“Muchas personas han transmitido a esta institución de protección de derechos humanos que la única vía para obtener recursos económicos por el momento es, justamente, la devolución de sus aportes demandados”, manifestó la Defensora.
El debate y diálogo entre esos dos órganos de poder, indicó, debe enmarcarse en el principio de justicia, proporcionalidad, razonabilidad y no discriminación, tomando en cuenta el actual contexto crítico que vive Bolivia y asumiendo que desde marzo hasta la fecha se ha perdido la normalidad laboral y con ello, la tasa de desempleo se ha incrementado generando un evidente menoscabo a la economía de varias familias en el país.
(Con información de la Defensoría del Pueblo)
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