La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que tiene mayoría de votos del MAS, conformó este miércoles la Comisión Mixta de Derechos Humanos, integrada por las comisiones de Constitución del Senado y de Derechos Humanos de Diputados, para que realice un seguimiento a los procesos legales en curso y los que se abran en contra quienes participaron en las movilizaciones de julio y agosto de este año.

A fines de julio, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que aglutina a sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), protagonizaron una marcha de protesta en El Alto para rechazar la postergación de los comicios generales del 6 de septiembre al 18 de octubre, una decisión que adoptó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para alejar la votación del pico de la pandemia del coronavirus en el país. En esa movilización hubo destrozos en el ornato público en la Ceja y también un ataque a una ambulancia en la que se trasladaba a personal médico. En esa oportunidad también se acordó un bloqueo de caminos a partir del 3 de agosto.

El bloqueo se concretó el 3 de agosto y éste concluyó e12 días después. Según informes extraoficiales del Gobierno, esa movilización causó la muerte de unos 40 pacientes por coronavirus, por falta de oxígeno medicinal que no pudo llegar a hospitales por el corte de vías. Además, provocó una pérdida económica que supera los $us 1.000 millones, según el Ministerio de Economía.

La Comisión Mixta desarrollará su labor sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes como el Ministerio Público y elevará un informe a la ALP sobre el desarrollo de la tarea designada. También se le autorizó solicitar información de forma directa a través de su Presidencia para realizar inspecciones de campo y otros actos investigativos sin necesidad de aprobación de alguna instancia legislativa, se informó desde el Senado.

La resolución señala además que las entidades estatales y públicas deberán prestar la información requerida por la Comisión con la mayor celeridad, de forma detallada y gratuita para los actos de fiscalización e investigación.

El presidente en ejercicio del Senado, Milton Barón, aclaró que el trabajo de los comisionados, “será coordinado con la Comisión de Constitución del Senado y con la de Derechos Humanos de Diputados, con el fin de velar por la transparencia, porque se respete el debido proceso y que no haya vulneración a las garantías constitucionales”.

Este miércoles, el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, informó que ya se tienen las órdenes de aprehensión en contra los autores del bloqueo, entre ellas contra los dirigentes de la COB, Juan Carlos Huarachi, y de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza.

Al respecto, el senador Efraín Chambi, jefe de bancada del MAS, rechazó estas órdenes de aprehensión por considerarlas “hechos de judicialización y persecución política”. Por ese motivo pidió a la Comisión Mixta garantizar el debido proceso, la objetividad e imparcialidad de los procesos que se instauren por este caso.

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