El Gobierno informó este lunes que analiza la ley que difiere hasta el 31 de diciembre el pago de deudas bancarias, norma que fue aprobada y sancionada por la Asamblea Legislativa, pese a los cuestionamientos que se emitieron con anterioridad desde el mismo Ejecutivo y la Asociación de Bancos Privados (Asoban). La norma todavía no está en vigencia porque el Ejecutivo aún no la promulgó.
La Asamblea Legislativa, que está controlada por Movimiento Al Socialismo (MAS), sancionó el miércoles de la semana pasada la ley de diferimiento de deudas bancaria, por los efectos negativos que tuvo la pandemia del coronavirus en la economía del país.
“Se está haciendo todo el análisis de esta norma, tal cual ha sido sancionada en la Asamblea Legislativa, tanto para (a favor) de los prestatarios como los ahorristas y las mismas entidades financieras. El Gobierno siempre va a buscar los equilibrios para que se respeten los derechos de los ahorristas como también las necesidades de quienes han tenido dificultades, menos venta y menos ingresos”, sostuvo el titular de Economía en una conferencia de prensa.
“Cuando tengamos los análisis concluidos sobre su impacto, haremos conocer la posición del Ejecutivo”, agregó la autoridad, quien hizo notar que el Gobierno aún está en el segundo día de haber recibido la norma oficialmente, pues la ley da un plazo de 10 días para promulgarla.
En julio, cuando la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley para enviarlo en revisión al Senado, el Ministerio de Economía cuestionó su contenido. “Esta cartera de Estado considera que la aprobación de este proyecto de ley perjudicará a una banca solvente y con capacidad efectiva para canalizar recursos para la reactivación económica y el empleo”, advirtió a través de un comunicado.
De igual manera, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) comunicó el 17 de julio su desacuerdo con la normativa. "La banca cumple una doble función que es la de preservar y proteger los ahorros del público y, a su vez, inyectar dichos recursos en la economía a través de la otorgación de préstamos con criterios de prudencia. El proyecto de ley aprobado pone en riesgo y limita, de forma considerable, su capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias en esta coyuntura", señaló a través de un documento.
Tras la sanción de la norma, la semana pasada, la Asoban, la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las cooperativas de ahorro y crédito pidieron al Gobierno una “reevaluación” de esta ley.
“Esta ley ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos. Esta determinación ampliará la crisis sanitaria y económica. Pondrá en riesgo no solo al sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también a la economía de las empresas y personas”, sostuvieron a través de una carta.
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