El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, descartó este lunes que el Órgano Ejecutivo lleve adelante una “persecución política” en contra de los autores del bloqueo de caminos de 12 días que concluyó la pasada semana y que dejó pérdidas económicas por más de $us 1 millón en el país. Afirmó que se pedrá aplicar la Ley 400 y el Decreto Supremo 2888, sobre la prohibición de portación y uso de armas de fuego y explosivos en protestas sociales, normas que fueron aprobadas por el expresidente Evo Morales.
“Queda claro que todos aquellos caballeritos que han utilizado armas de fuego y dinamita, dañando el bien público y privado, todas esas personas deben ser procesadas de acuerdo a la Ley 400 y al Decreto Supremo 2888, solo lo pongo y contextualizo tal cual lo hizo el señor Evo Morales, no es una ley de Jeanine Añez, para que sean utilizados, para que se haga el trabajo correspondiente y conforme a la ley a la Constitución Política del Estado. El Ministerio Público debe perseguir estos delitos y también los jueces”, sostuvo Murillo en una conferencia de prensa.
La autoridad leyó el artículo 51, parágrafo II, inciso e) de la Ley 400, que fue aprobada en septiembre de 2016, que establece: “Está prohibida la tenencia, porte o portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, aun teniendo la licencia de autorización, en los siguientes casos: Manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.
También dio lectura a lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo 2888, aprobado en septiembre de 2016, que establece que: “el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la prohibición del uso, tenencia y porte de explosivos y de otros materiales relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada”.
Además, el ministro recurrió al artículo 2 del mismo decreto, sobre prohibición, que ordena: “Se prohíbe el uso, tenencia y porte de sustancias explosivas deflagrantes, detonantes, de alta y baja sensibilidad, mezcladas y multiplicadores, materias inflamables, asfixiantes, tóxicas, artefactos explosivos improvisados y otros relacionados clasificados como de Uso en Actividades Económicas y Obras y de Uso Civil, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada. II. El incumplimiento a la prohibición establecida en el Parágrafo precedente, dará lugar a responsabilidad penal, debiendo la Policía Boliviana proceder a la aprehensión de las personas responsables para el inicio de las acciones penales correspondientes”.
En función a la aplicación de los citados artículos, Murillo sostuvo que los procesos no tendrán ningún tinte político.Sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciaron el 3 de agosto un bloqueo nacional de caminos para exigir que las elecciones generales sean ratificadas para el 6 de septiembre y no sean suspendidas hasta el 18 de octubre, tal como determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para evitar un contagio masivo de coronavirus (COVID.19). Una semana después, los bloqueadores cambiaron su pedido para que la votación sea el 11 de octubre.
No obstante, ambas demandas no fueron escuchadas, ya que el TSE ratificó que los comicios serán el 18 octubre, esta vez amparados en una ley aprobada por el Legislativo y sancionada por el Ejecutivo. Cerca del mediodía del viernes, la COB declaró un cuarto intermedio en la medida hasta el 18 de octubre, fecha de los comicios.
Durante esta protesta, los bloqueadores utilizaron dinamitas para bloquear el camino Cochabamba – Oruro, a la altura de Sayari, donde hicieron caer rocas y piedras, además de escombro, a la carpeta asfáltica.
La pasada semana, también se difundió fotos y videos de personas que portaban armas de fuego en el trópico de Cochabamba, bastión del MAS.
Cuando fue consultado sobre la situación de los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quienes el pasado fin de semana también fueron vistos portando armas de fuego, el Ministro de Gobierno indicó que la ley “es para todos” y que ellos también deberán responder por sus acciones. Puso de ejemplo el atentado que sufrió la pasada semana la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), acción por la que se detuvo a personas que bien pueden respaldar a la presidenta Jeanine Añez.
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