Acorralado por 86 juicios y 23 órdenes de detención en todo el país, el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, dio positivo a la Covid y permanece aislado y sin atención médica en su celda de San Pedro, mientras espera que un Comité Interinstitucional del gobierno pueda calificarlo como “perseguido político” para defenderse en libertad.
“Su estado de salud es muy delicado. Se encuentra aislado con acceso a la atención de salud mínima, por no decir ninguna”, manifestó su abogado Héctor Castellón a tiempo de indicar que hace años pidieron a diferentes juzgados y al actual Primero Anticorrupción de La Paz, la acumulación de los procesos para realizar una verdadera investigación sobre casos de corrupción en el exFondioc.
Sostuvo que el anterior gobierno abrió varios procesos para satanizar a su defendido y dejar “en libertad a los responsables del saqueo” al exFondo Indígena y perseguir a quien denunció corrupción. Con este antecedente se acogió al decreto que crea el Comité Interinstitucional de Defensa a las Victimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos, buscando un debido proceso.
Sin embargo hasta la fecha no tienen respuesta del Comité para gestionar cesación a la detención preventiva en su calidad de denunciante de los hechos de corrupción, más aún si la principal acusada, la presidente del directorio del exFondioc Nemesia Achacollo, ya recuperó su libertad recientemente.
Castellón afirmó que ni el anterior ni el actual gobierno impulsan una real investigación porque Aramayo dio a conocer al Ministerio Público un listado de personas de organizaciones sindicales y miembros del directorio para que sean incluidos al proceso, pero “hace un año que una fiscal no puede leer un memorial de ampliación de denuncia”.
“Marco Aramayo es un perseguido político, nadie quiere investigar el caso y nadie hace nada contra los miembros del directorio pese a que se han identificado a ministros, viceministros y representantes de cada organización beneficiaria de los 1.100 proyectos que se investigan”, manifestó.
Indicó que el anterior gobierno trató de impedir que la gente se entere que el fraude al exFondo Indígena alcanza a más de 200 millones de dólares. Dijo que para ese objetivo armó una estrategia que fue fomentada desde el Órgano Judicial y el Ministerio Público.
“Actualmente, pese a que el escenario política ha cambiado, tampoco existe voluntad de dejar de entrometerse políticamente para que la justicia haga un trabajo serio”, sostuvo.
Dijo que esperarán que la justicia, el Comité Interinstitucional y los organismos internacionales se puedan pronunciar sobre la situación de Marco Aramayo, tomando en cuenta su delicado estado de salud y el hecho que en la cárcel de San Pedro de La Paz ya hay más de una docena de fallecidos por coronavirus.
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