Pueblos indígenas, activistas y expertos de Bolivia presentaron una acción popular, a la sala constitucional primera (1) del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para suspender los decretos que avalan la evaluación del uso de semillas genéticamente modificadas.

“Dicha Acción Popular demuestra la necesidad de suspender la ejecución y aprobación del DS 4232/20 y su modificación establecida en el DS 4238/20, por amenazar el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad, el territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas, la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública, poniendo en riesgo potencial su libre goce y ejercicio”, manifiesta el grupo de firmantes de esta acción popular que conforman la denominada “Asamblea por los bosques y la vida”.

El pasado 7 de mayo el gobierno de Áñez aprobó el decreto 4232 que abrevia la evaluación del Comité Nacional de Bioseguridad para el uso de semillas transgénicas de algodón, soya, caña, maíz y trigo en Bolivia. Esto generó rechazo en diferentes sectores y apoyo del empresariado, fundamentalmente ligado a monocultivo de soya en el oriente.

Tras esta ola de cuestionamientos, días después la Presidenta otorgó 40 días más de plazo para aprobar dichos procedimientos abreviados a través de un nuevo Decreto, el 4238. Pero las demandas para evitar el uso de estas semillas continuaron y hoy se traducen en esta acción popular.

Para las y los demandantes, representa una grave amenaza la autorización excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

“Esto nos afecta, porque viola la Constitución y afecta a nuestras semillas nativas, además no hemos sido consultado y hemos sentido esto como un ataque a nuestros derechos y por eso presentamos esta acción popular”, dijo por su parte la lideresa indígena, Martha Vargas.

En dicha Acción Popular se detallan las amenazas que conlleva el DS 4232., que serían:

1. Amenaza directa al Patrimonio Genético, Cultural y Natural de Bolivia que son sus semillas nativas y en especial al Maíz Nativo.

2. Amenaza a la Madre Tierra y Biodiversidad.

3. Afectación a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa

4. Afectación a los bosques y los suelos

5. Amenazas a la Salud Humana

Finalmente los pueblos indígenas y sociedad civil demandante, exigen se admita la presente Acción Popular, se digne en fijar fecha de audiencia pública, y se suspenda todo acto de aplicación de los D.S. 4232/20 y 4238/20, en función al principio precautorio y al deber de la debida diligencia contenidos en la OC 23/17 emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo invitan a la población boliviana a sumarse a la Acción Popular, ejercer el derecho de control ciudadano y luchar para lograr juntos la abrogación del D.S. 4232, porque con nuestra vida, nuestra salud, nuestras soberanía alimentaria y nuestro Patrimonio Natural no se juega.

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