El diputado Víctor Borda denuncia que el Gobierno quiere frenar la ley del inquilinato. La Ley Excepcional de Arrendamientos (Alquileres), que fue aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional reduce el 50% el monto por pago de alquileres a partir de la fecha de declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus (17 de marzo) hasta tres meses después de que concluya la cuarentena.
Argumentó que el proyecto de Ley del Inquilinato no se originó en el ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y por ello, no está facultada para interponer una consulta previa de legalidad o control constitucional.
Agregó que solo la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional estaría facultada a solicitar esa consulta.
“Esto demuestra una vez más que lo que intentan es alargar la aplicación de esta ley”, agregó-.
Por ello, exigió al órgano constitucional dentro de las 48 horas rechace la solicitud presentada por la presidenta Jeanine Áñez.
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