Un total de 18 personas, dos ex ministros, dos ex viceministros y 14 dirigentes cocaleros serán incluidos en el denominado caso terrorismo que tiene a Evo Morales como principal acusado. La nómina de las personas está inserta en la imputación formal que ayer presentó la Fiscalía de La Paz por este caso.
“Debe darse con el paradero y las declaraciones de Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, José Luis Quiroga, José Luis Quiroz Valles, Andrónico Rodríguez, Grover García, Feliciano Vegamonte Vergara, Andrés García, Max Romero, Benito Céspedes, Humberto Sánchez, Olivia Guachalla Yupanqui, Leoncio Janco, Benjo López, Sandra Cartagena, Norma Fernández, Javier Juchani y Juan Carlos Juchani, son los nombres que figuran en el número 156 de la lista de pruebas que presentaron los fiscales.
Hasta el momento, solo se conocía del procesamiento de cinco personas, el ex presidente Evo Morales, su ex jefa de gabinete, Patricia Hermosa, el pariente de Morales, Hernán Soliz Morales y los dos acusados de la familia Yucra. Ahora se sabe que la lista es más amplia.
La fiscalía también avanzó en la investigación de las cuentas de todos los acusados en el sistema bancario y los depósitos que tienen. Lo mismo sucedió con las empresas telefónicas, quienes entregaron el flujo de llamadas de cada uno de ellos.
La ampliación de las investigaciones contra los ex ministros y dirigentes se produjo después que el presidente del Comité Cívico de San Cruz, Rómulo Calvo presentara su denuncia y adjuntando prueba, señala el memorial de imputación.
Evo Morales fue citado a través de edictos publicados el 12 y 19 de marzo, señala también el documento a manera de descargo. Finalmente, el 12 de junio, la senadora Carmen Eva Gonzales presentó un memorial pidiendo que se emita la imputación ante la abundante prueba que existe.
Los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo se sancionan con 20 años de presidio cada uno, señala la parte de las justificaciones. El 16 de noviembre del pasado año, Morales, a través de su abogado se apersonó al caso y por tanto las notificaciones por edicto tienen validez, señala el documento.
Respecto de las medidas cautelares, la fiscalía afirma que Morales no tiene un trabajo, ni domicilio, no tiene una dirección conocida. También puede influir sobre los dirigentes y ex ministros investigados señala la acusación y por si piden la detención preventiva.
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