La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que el Ministerio de Educación deslinda responsabilidad sobre las políticas y estrategias educativas con el Decreto Supremo 4260, que regula las modalidades educativas presencial, a distancia, virtual y semipresencial.

El decreto define que en el contexto de la pandemia se aplicarán las modalidades educativas presencial, semipresencial, virtual y a distancia en cada territorio. 

La Defensora sostiene que la definición y disposición de recursos para la dotación de plataformas virtuales y para el diseño y difusión de recursos para la educación a distancia, son responsabilidades del Gobierno central, en coordinación con las entidades locales, pero en la norma eso se deja en manos de los centros educativos.

En un pronunciamiento oficial, la Defensora manifestó que, con esta norma, el Ministerio de Educación pretende deslindar su rol de máxima autoridad educativa, responsable de las políticas y estrategias educativas y de las políticas de administración y gestión educativa y curricular. 

Cruz remitió dos notas al ministro del área, Víctor Hugo Cárdenas, en fechas 5 y 12 de junio, en las que hace conocer éste y otros aspectos observados, sin que hasta la fecha se haya recibido una respuesta.

El Gobierno emitió el Decreto 4260 para responder ante la irregular situación de la educación en Bolivia, como consecuencia de las medidas de cuarentena aplicadas, primero a nivel nacional y luego regional, que derivaron en la paralización de clases presenciales. 

Sin embargo, en opinión de Cruz, no existe una disposición sobre la dotación de equipos tecnológicos a los maestros y estudiantes, sobre el acceso gratuito a internet, diversificación de medios para garantizar la educación en áreas donde no se cuenta con este servicio ni con el servicio de electricidad para el uso de otros mecanismos como televisión y radio; tampoco se conoce sobre la regulación respecto a la reducción de pensiones en unidades educativas privadas, como han demandado madres y padres de familia.

En un comunicado, la Defensora del Pueblo escribió: “Nos encontramos frente al 21060 en el ámbito de la educación, cuando se dispone que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de elaborar su propuesta curricular. Es decir, que la responsabilidad de diseñar, aprobar e implementar el currículo base del Ministerio de Educación, se ha reducido a cada unidad educativa”.

También criticó que dicha norma deje en manos de cada institución educativa la definición de la complementariedad de modalidades presencial, semipresencial, virtual y a distancia. Alertó que esta medida profundizará las brechas de acceso a la educación, al determinar que se asumirá en función a los medios tecnológicos disponibles, características del área de conocimiento y condiciones de conectividad. 

Por otra parte, dijo que se observa la ausencia de Estado en la reducción de pensiones escolares en el contexto de la cuarentena, demandada por la comunidad educativa, y que el Gobierno solo homologa acuerdos que afectan la economía de los padres y madres de familia y que tendrá consecuencias en el ejercicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

Para las autoridades nacionales, las críticas que hace la Defensoría del Pueblo al Gobierno son políticas y le critican su  “falta de imparcialidad”. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, le reclamaron -en distintos momentos- que es defensora de hechos que involucran a exautoridades o dirigentes del MAS, pero cuando, por ejemplo, se destituyó a la fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia, pese a estar enferma de Covid-19, la Defensoría del Pueblo no se pronunció.

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