El alcalde José María Leyes se abstuvo de declarar y permanecerá en celdas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a la espera de la decisión de la Fiscalía que tiene 24 horas para presentar una imputación.
Esta tarde, Leyes fue trasladado a dependencias del Ministerio Publico en calidad de aprehendido, tras el allanamiento de casi cuatro horas al domicilio que habita con su familia.
La Fiscalía procedió al allanamiento en el marco de las investigaciones por el caso de la contratación, presuntamente irregular, de un restaurante para proveer alimentos a la Policía y los militares sin que la empresa haya presentado el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
En primera instancia dio mandamiento de aprehensión, sin embargo la misma Fiscalía levantó la orden emitida contra el alcalde y difirió, para el 2 de junio, su declaración por la presunta adjudicación irregular.
Leyes fue denunciado el pasado 27 de abril por tres concejales del municipio de Cochabamba por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de alimentos para entregar comida a policías y militares en la cuarentena sin que la empresa haya presentado el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
Más temprano: “es un abuso total”
Leyes, calificó de “un abuso total, esto viene por orden de Murillo” su aprehensión esta jornada, cuando el Ministerio Público había diferido su declaración por el caso comida para el 2 de julio en vista que su defensa dijo que cumplía una cuarentena por sospecha de contagio por COVID-19.
Al momento, de ser conducido a la Fiscalía, el munícipe responsabilizó de su detención al ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Murillo cuestionó el 27 de abril a los concejales por no fiscalizar al alcalde, luego de que se hizo pública la denuncia de la adjudicación al dueño de un restaurante que no presentó el RUPE por el contrato de 488 mil bolivianos.
La fiscal que indaga el caso, Faridy Arnez, manifestó que recién están iniciando las actuaciones para investigar el caso por presunta adjudicación irregular.
Defensa
El abogado de Leyes, Jimmy Almanza, explicó que el Ministerio Público usó una orden de allanamiento para activar la aprehensión del Alcalde por presuntos riesgos de fuga y obstaculización pese a que su declaración fue diferida para el 2 de junio, luego de que comunicó que tenía sospecha de COVID-19.
Anunció que interpondrán recursos de defensa, pues considera que la actuación del Ministerio Público fue arbitraria, porque Leyes iba a declarar el 2 de junio.
“Esta mañana nos sorprende que la Fiscalía presenta un allanamiento para colectar pruebas y sólo fue un pretexto para ejecutar una orden de aprehensión”, declaró.
“Es una persecución ilegal, ya habiendo una audiencia señalada para el 2 de junio se procede con estos actos”, dijo.
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