El contralor General del Estado, Henry Ara, aseguró que esta institución auditará de oficio todas las compras realizadas por el Gobierno, gobernaciones y alcaldías. Sobre el caso específico de los 170 respiradores, ya hay pedidos que la Defensora del Pueblo les hizo llegar por PDF, así como también de la Asamblea Legislativa.
Ara señaló que se analizarán tres ejes: la necesidad de la compra, la razonabilidad del precio y se verificará la utilización del bien.
Aunque no quiso adelantar criterios, señaló que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), en este caso el exministro de Salud, Marcelo Navajas, debe revisar el proceso, antes de firmar cualquier autorización.
Sobre el exdirector jurídico del Ministerio de Salud y el de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem), Fernando Valenzuela y Giovanni Pacheco, respectivamente, manifestó que deben asumir su responsabilidad y no pueden descargarse en una orden de la MAE, y que en el ámbito del costo se analizará la declaración del 'testigo clave'.
Aseveró también que la indagación de todo comenzará la próxima semana porque la Contraloría está cerrada por la pandemia y ha estado ocupada en la definición de protocolos de seguridad para volver a atender al público.
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