El Ministerio Público dispuso la aprehensión de Luis Fernando Humérez, el supuesto “testigo clave” que resultó ser uno de los tres intermediarios que iban a percibir una ganancia total de $us 1 millón por la compra de los 170 respiradores de procedencia española.
La semana pasada, llegaron al país 170 ventiladores de la marca Respira de la empresa GPA Innova, equipos que fueron adquiridos por el Ministerio de Salud a través de un intermediario IME Consulting (de Iñaki García). El Gobierno pagó el 50% del costo total y el precio de cada respirador es de $us 27.683.
La compra derivó en un escándalo, luego que intensivistas aseguraron que los equipos no eran adecuados para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), seguidamente se conoció que los equipos se compraron con sobreprecio, ya que el costo de fábrica de cada respirador “básico” era de $us 6.561.
El Ministerio Público aprehendió a cinco personas por este caso, entre ellos el ahora exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y el exministro de Salud, Marcelo Navajas. Todos serán cautelados este viernes.
Luego apareció Luis Fernando Humérez, quien aseguró que el Estado fue estafado por firmas españolas y se presentó a declarar como “testigo clave” del caso. A la conclusión de su declaración fue aprehendido por su vinculación en el sobreprecio de los equipos médicos.
En su testimonio, Humérez reveló que hace unas tres semanas se contactaron Iñaki García, Walter Zuleta (exabogado de Gabriela Zapata) y su persona para gestionar la vinculación del Ministerio de Salud con la fábrica de los respiradores.
Por la intermediación, Humérez y sus socios acordaron ganar $us 340.000 cada uno, haciendo un total de $us 1.020.000, a cambio de posibilitar la transacción con el Gobierno boliviano; para cobrar cada uno su parte, hicieron que la fábrica suba los precios de $us 20.000 a 26.000.
“Una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaki y a Walter Zuleta sobre el precio del respirador, a lo cual el señor Iñaki me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente Zuleta e Iñaki, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que quisieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por cada respirador y para cada persona, lo que restado al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, relató el “testigo”, según el documento de la declaración difundido por El Deber.
Según Humérez, el abogado Fernando Valenzuela habría sido el nexo que vinculó al Ministerio de Salud con los intermediarios para que se haga la intermediación con el proveedor de España.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que Humérez debe ser investigado y tendrán que responder todos los que resulten culpables por el daño que hicieron en este momento de emergencia por la pandemia del coronavirus.
“Entre ellos se han llevado un cochabambino, un dirigente de fútbol, Humérez, ha sido diputado en la época de Podemos, tendrán que investigarlo, ya hay declaraciones hechas”, señaló la autoridad.
El “testigo” esta aprehendido en celdas policiales, aguarda su imputación y la audiencia de medidas cautelares donde se resolverá su situación jurídica.
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