La empresa Sotecma, importadora de productos médicos, informó que también realizó una oferta al Ministerio de Salud para traer al país respiradores artificiales más baratos que los finalmente adquiridos, pero que las autoridades no la tomaron en cuenta.

El médico Eduardo Rocabado, representante de Sotecma, dijo que ofreció al Ministerio de Salud 176 respiradores de terapia intensiva marca Phillips a un precio de 15.700 dólares cada uno, puestos en Bolivia e incluidos todos los accesorios, pero que las autoridades no respondieron a su pedido de manera positiva. 

“Yo envié ofertas al Ministerio de Salud, y ofrecí los respiradores Phillips, pero nunca tuve respuesta”, contó Rocabado a Brújula Digital. “Incluso me contactaron del BID para que yo pudiera ratificar mi propuesta, y lo hice. Pero no hicieron seguimiento”, dijo.

Antes de esta denuncia, la empresa COSIN informó que había ofrecido respiradores marca Innova en 12.500 dólares, incluidos garantía, transporte, accesorios, capacitación y pago de impuestos. El gobierno pagó por los mismos equipos 28.000 dólares, pese a que el precio de fábrica era de alrededor de 7.000.

Los respiradores ofrecidos por Sotecma eran de marca Phillips, compañía basada en Holanda, una de las más grandes del mundo en la fabricación de equipos médicos, aparatos tecnológicos, electrodomésticos, etc. Los equipos iban a llegar desde Miami, EE.UU.

Sotecma también ofreció respiradores para unidades de terapia intensiva, de la marca AlliedPro, en 25.000 dólares, es decir menor del valor que pagaron las autoridades para los respiradores Innova, de terapia intermedia.

El doctor Rocabado dijo que había ofrecido 21 ítems diferentes al Ministerio de Salud, con toda clase de productos, incluidas camas hospitalarias. Sus ofertas no fueron aceptadas.

El supuesto sobreprecio de los respiradores, que alcanza a alrededor de tres millones de dólares, ha ocasionado un fuerte remezón en el gobierno, con la detención de varias personas, incluidas el exministro de Salud, Marcelo Navajas.

Pese a haber ofertas de precios más bajos, el gobierno decidió comprar los equipos a una desconocida intermediaria española, IME Consulting, a un monto cuatro veces mayor que el de fábrica y más del doble del intermediario COSIN.

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