Los médicos del sector público de La Paz protagonizaron un paro de brazos caídos, por una hora, en inmediaciones del complejo hospitalario de Miraflores ante las agresiones que sufren sus colegas y la falta de insumos y equipos de bioseguridad para atender a pacientes con coronavirus (COVID-19). Advirtieron con radicalizar sus protestas si el Gobierno no atiende las demandas, informó Fernando Romero, dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes).

“Estamos en emergencia reclamando que hay mucha violencia de partidos políticos que están agrediendo y golpeando a nuestros colegas, amenazándolos de muerte como ha ocurrido ayer (miércoles) en Caranavi”, aseveró Romero.

El galeno dijo que otra de sus preocupaciones es la falta de insumos y equipos de bioseguridad en los nosocomios y centros de salud públicos. Ante esa falencia, dijo que al menos 120 profesionales en salud se contagiaron de COVID-19 y otros seis fallecieron a causa del virus. También piden itéms para el sector.

“Tenemos 120 colegas enfermos, seis fallecidos, no tenemos equipos de bioseguridad. No hay apoyo de las autoridades, por tanta corrupción, no han llegado equipos de terapia intensiva y hoy en día estamos al borde de morir”, remarcó.

Agregó que si no atienden sus demandas, sus medidas de presión serán más drásticas e incluso, aseveró, que no descartan más movilizaciones.

El dirigente lamentó la presunta corrupción que se destapó en las últimas horas en el proceso de adquisición de 170 respiradores de fabricación española que llegaron al país para afrontar la lucha de la pandemia. Agregó que debido a esa situación hay pacientes en estado crítico que no pueden recibir la atención necesaria y adecuada para tratar el virus.

Ante esa situación, la presidenta Jeanine Añez anunció auditorías a todas las compras de salud que se hicieron desde que la mandataria asumió el cargo y adelantó que las nuevas compras que se realicen serán de cara al público y con control directo desde las redes sociales.

También promulgó el Decreto Supremo 4204, que fue elevado a rango de Ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que establece el aumento salarial a los profesionales en salud, especialmente para los médicos intensivitas e internistas.

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