La necesidad de modificar la Ley de Distribución de Escaños para equilibrar la representación del campo y la ciudad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ingresó al debate nacional después de que fue aprobada la Ley de Postergación de las Elecciones.

En criterio del diputado Édgar Montaño (MAS), este debate es parte de la estrategia del ahora oficialismo para mantener a Jeanine Áñez en la Presidencia por tiempo indefinido. Para los adversarios al partido de Evo Morales, la actual distribución de escaños uninominales es la fórmula aplicada por los anteriores gobernantes para mantener los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El primer paso para impulsar el cambio lo dio la senadora pandina Carmen Eva Gonzales. La semana pasada presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley 421, aprobado en octubre de 2013 durante el Gobierno de Evo Morales, por considerar que responde a intereses políticos del MAS y porque atenta contra el principio de proporcionalidad e igualdad de los bolivianos en el ejercicio de la representación democrática.

En el memorial presentado por la senadora, a través de su abogado Luis Ayllón, cuestiona que de los 70 escaños asignados a los diputados uninominales (de los 130 que existen en la Cámara Baja), el 70% de las representaciones uninominales corresponden al área rural y solo el 30%, al área urbana, a pesar de que el grueso de la población se encuentra en las ciudades.

En ese sentido, el exdiputado Guido Áñez afirmó, en un artículo publicado en El Deber, que el principio democrático universal de un ciudadano un voto debe contar con su correlación en la representatividad igualitaria del voto en la conformación de los poderes públicos del Estado.

Áñez, afirmó que el desequilibrio que existe en la asignación de escaños parlamentarios entre la zona urbana y el área rural representa “una ventaja electoral dentro de un país con un sistema electoral distorsionado por un fraude sistemático”.

Consultado, el diputado Édgar Montaño, del MAS, dijo que la acción jurídica presentada por la senadora Gonzales es una estrategia para evitar que se celebren las elecciones generales y se cumpla con sus propósitos prorroguistas.

“El Gobierno no quiere elecciones en 90 días, ahora recurren a esa argucia, que es su plan ‘C’, porque el ‘B’ lo jugarán con la pandemia”, insistió Montaño.

Afirmó que la representación del 70 %, que cuestionan los adversarios al MAS, contempla a los pueblos indígenas y campesinos.

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