La defensa del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, interpuso una acción de libertad para que la autoridad edil no sea aprehendida y no declare por la presunta adjudicación irregular de la comida para los policías y militares al dueño del restaurante Bunker Grill por 488 mil Bolivianos.

El abogado del Alcalde, Jorge Valda, presentó la acción de libertad en la Sala Constitucional de Turno por la presunta persecución y procesamiento indebido del alcalde José María Leyes que pondrían en riesgo su libertad, según documentos a los que accedió Los Tiempos.

El abogado argumenta que se trata de una “denuncia absurda” interpuesta por tres concejales que “no debió ser admitida”, porque no existió flagrancia y se debería reconducir según lo previsto en el artículo 285 del Código de Procedimiento Penal y la Ley 1173.   

Los concejales Edwin Jiménez, Carlos Coca y Celima Torrico denunciaron al alcalde el 27 de abril por la suscripción de una orden de compra con el propietario de la empresa Bunker Grill, que se tramitó en tiempo récord de tres horas y que no presentó el Registro de Proveedores del Estado (RUPE), necesario para las adjudicaciones por la emergencia sanitaria, según el propio reglamento que elaboró la Alcaldía.  

El recurso se interpuso en contra de la jueza Karen Berrios del Juzgado Tercero de Instrucción Tercero de Cochabamba y los fiscales que indagan la denuncia, Rodrigo Soria, Limbert Claure, Eliana Colque y Faridy Arnez. Se prevé que la audiencia se realice este viernes a las 18:00, pero en la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de La Paz.   

Argumentos

La defensa considera que se admitió una denuncia que no cumple con el artículo 285 CPP por “hechos no delictivos, permitidos por la normativa e inicia una persecución”.

Luego, dice que se “secuestró y allanó documentación de forma ilegal” y que su cliente fue citado a declarar “sin que exista posibilidad de que mi abogado de confianza pueda estar presente por las prohibiciones de circulación vigentes”.

El abogado además señala que “se pretende abrir un sobre cerrado de documentación sin cumplir el procedimiento previsto en el CPP”. Finalmente, expresa que por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 no podría convocar a sus testigos y que también se incrementa el riesgo para su salud y el de las personas que podría convocar, según la documentación del caso.  

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