Más de una decena de organizaciones por los derechos de la Mujer, de Derechos Humanos, sindicales y personas particulares exigen a las autoridades de gobierno identificar y sancionar al efectivo policial de la UTOP que el pasado 1 de mayo ejerció violencia sexual contra una mujer de pollera tras detenerla.

El hecho ocurrió en la zona de Senkata de El Alto en medio de detenciones hechas por la Policía bajo argumento de la vulneración de la cuarentena contra el coronvirus. En esas circunstancias, un oficial de la Unidad Técnica Operativa Policial (UTOP) “ejerció violencia sexual contra una mujer de pollera detenida”.

En un video que circuló en redes sociales, se ve al efectivo, que lleva la cara cubierta, “tocando sus partes íntimas (de la mujer) mientras la subía al carro de la policía, hecho que quedó filmado, siendo prueba del abuso sexual cometido por el policía y debe ser sancionado en aplicación de la Ley 348 y el Código Penal”, se lee en el manifiesto difundido por las organizaciones. 

Los firmantes identifican también “abuso de poder” y “racismo” por parte del efectivo que “aprovechando la indefensión de una mujer de pollera privada de libertad, la ataca por detrás manoseándola ofendiéndola, humillándola e intimidándola”. 

Los denunciantes afirman que ese acto del efectivo policial no es casual y responde a un “sistema policial corrupto, prepotente y abusivo que encubre a policías violentos, torturadores, acosadores, violadores y feminicidas”.

Se cometen estos actos ilícitos y de violación de los Derechos Humanos principalmente durante las requisas en las cárceles y en las detenciones, aseveran.

“Son las mujeres de pollera, las de clases medias-bajas, de clases bajas, las indígenas, campesinas, afrodescendientes quienes con mayor frecuencia son agredidas y violentadas por la policía, en clara demostración del racismo y la discriminación amparada por el gobierno. Esta conducta, es continuamente negada e invisibilizada por la policía ¡Basta de impunidad!”, demandan.

Por este hecho, las organizaciones exigen que las autoridades correspondientes identifiquen y hagan público el nombre del policía abusador. También demandan que el comandante de la Policía, Antonio Montero Torricos, y el Ministerio Público inicien el proceso legal contra ese oficial por el delito de abuso sexual que, según el Código Penal, se sanciona con 6-10 años de privación de libertad. 

“Los delitos no se tratan en el régimen policial interno, son delitos que deben ser sancionados por la justicia ordinaria”, enfatizan.

También convocan a las organizaciones sociales y feministas a posicionarse frente al abuso de poder policial, frente al abuso sexual y frente a las vulneraciones de derechos en Bolivia que principalmente afectan a las mujeres y que no pueden ser justificadas por la pandemia.

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