El dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció este domingo que presentará un proceso penal contra el ministro de Gobierno Arturo Murillo y tres autoridades del área de hidrocarburos por haber ordenado el cierre de surtidores de combustibles líquidos en medio de la cuarentena por el coronavirus.
Dijo que la demanda será también contra el Ministro de Hidrocarburos, presidente de YPFB y director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) porque la falta de combustible provocó el funcionamiento de la oxigenación de piscinas donde habrían muerto 11 millones de pescados.
Loza precisó que la demanda será por atentado a la vida, a la economía de la región y de manera indirecta a la economía del pueblo boliviano.
Hizo un llamado a las autoridades judiciales y a la comunidad internacional para que coadyuven en esta investigación y que no permitan que a título de cuarentena “castiguen a la población y a la economía nacional”.
“Lamentablemente hemos sido totalmente afectados en el Trópico de Cochabamba”, dijo al tiempo de señalar que hay familias enteras que perdieron la crianza de pescado y prevé que una posible escasez podría afectar al consumo interno.
Precisó que el corte de combustible se produjo cuando el gobierno envió policías al Trópico y se produjeron los hechos que derivaron en el posterior cierre de los bancos.
Loza afirmó que también muchos productores mecanizados de piña, cítricos, banano, palmito y otros fueron afectados por el cierre de surtidores y no descarta que en unos cuatro meses se sienta la escasez y suba el costo de estos productos agrícolas.
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