La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos exige al gobierno boliviano que asuma la responsabilidad completa de la seguridad y el bienestar de los migrantes repatriados que guardan aislamiento por el COVID-19 en Pisiga.

A la Red le llama particularmente la atención que, a pesar de la declaratoria de cuarentena total y cierre de fronteras bajo la consigna de “nadie sale y nadie entra”, el gobierno de Bolivia haya facilitado la repatriación de ciudadanos europeos y estadounidenses, que es lo que corresponde en situaciones como las que se está atravesando a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, pero no haya actuado con la misma celeridad en la repatriación de sus connacionales. Más al contrario, agregó, la primera reacción fue la de negarles la posibilidad de ingreso, dejando expuestas a estas personas a condiciones de insalubridad, lo que puede exponerlas al contagio, no solo del coronavirus, sino también a otras infecciones. 

Las organizaciones integrantes de la Red expresaron su preocupación frente a las tardías acciones tomadas por el Gobierno de Bolivia frente a cerca de 470 connacionales -que incluyen mujeres embarazadas, una mujer con deficiencia física, varios niños y niñas-, quienes se encontraban en la comunidad de Huara, Chile, frontera con Bolivia, y que desde hace más de una semana trataban de retornar a Bolivia. 

“La estadía de tales personas durante 9 días en la localidad chilena de Huara se ha caracterizado por la falta de condiciones en cuanto a alimentación, aseo y descanso, vulnerándose así sus derechos humanos”, señala el comunicado público de la Red.

Las organizaciones agrupadas en la Red lamentaron que el campamento de Pisiga, en el que guardan aislamiento los migrantes repatriados, “no presenta las condiciones debidas” para que se cumpla la cuarentena. 

Según mensajes de personas que se encuentran en Pisiga, están hacinadas en 30 carpas de 3x3 metros para 6 personas, pero donde duermen 12, “compartiendo dos personas una colchoneta de una plaza”.

“Esto significa que no se está respetando la necesaria distancia entre las personas, todo lo contrario, se las somete al hacinamiento”, señala la Red. 

A esto se añade que no hay agua para la higiene personal ni hay energía eléctrica. “Es decir que el campamento donde están los/as bolivianos/as no presenta las condiciones mínimas para albergar a las 470 personas durante los 14 días previstos de cuarentena”, concluye.

Ante esta situación, la Red exige al Gobierno que garantice a los migrantes espacios adecuados donde puedan residir durante la cuarentena, así como la asistencia apropiada para cubrir todas las necesidades básicas de alimentación y salubridad. 

Otorgar los servicios médicos necesarios a nivel personal e insumos de bioseguridad, y la debida atención a las personas más vulnerables, en particular a las mujeres embazadas, permitiéndoles hacer la cuarentena en la Casa de Mujeres Creando que ha puesto a disposición de ellas esta posibilidad.

También pide la protección personal adecuada en el contacto con personas del exterior de la cuarentena, para minimizar el riesgo de que alguna persona dentro de la cuarentena pueda contagiarse de COVID-19.

Tras cumplirse la cuarentena, agrega, se debe realizar el traslado seguro de cada uno de los repatriados “a los lugares donde puedan reunirse con sus familiares o, en caso de no tenerlos, que el Estado disponga de un nuevo espacio donde puedan residir temporalmente”. 

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