La Defensoría del Pueblo solicitó a la presidente Jeanine Áñez la emisión de un Decreto Presidencial de Indulto extraordinario, para reducir el hacinamiento penitenciario ante el peligro de contagio y propagación masiva del COVID-19 en recintos carcelarios. En otra nota al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió declarar estado de emergencia penitenciaria.
La entidad explicó que se beneficiaría a personas adultas mayores, personas que viven con VIH/SIDA, con discapacidad, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y en etapa de lactancia, además de detenidos preventivos comprendidos en las previsiones del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 y aquellos encarcelados sin la suficiente base legal, incluyendo casos políticos.
En la nota remitida a la Presidenta, indica que la sobrepoblación penitenciaria en el país, a enero de este año, alcanzaban a 190,1%, prevaleciendo las personas detenidas preventivamente en un 67%, situación que se agrava con el encarcelamiento de ciudadanos detenidos en la actual coyuntura sanitaria.
En la nota al Ministro Murillo señala que los penales enfrentan una ausencia extrema de condiciones de habitabilidad, debilidades en las prestaciones de salud, insuficiente dotación de medicamentos, deficiente alimentación, alto porcentaje de detenidos preventivos que no permite implementar programas efectivos de reinserción social, lo que agudiza un sistema colapsado y degradante que propicia un escenario de peligrosidad de contagio y propagación masiva del coronavirus.
La defensora Nadia Cruz en sus misivas, señala que las condiciones de habitabilidad de los centros penitenciarios son extremadamente precarias, carecen de higiene, ventilación, ingreso de luz natural, equipamiento de servicios básicos, dotación de camas y sobrepasa su capacidad; en las cárceles urbanas, las celdas individuales en su mayoría miden tres por dos metros donde cohabitan hasta cuatro personas, y en celdas comunes se albergan hasta 40 personas.
“La situación se agrava en carceletas como la de Riberalta donde existen 250 personas en un ambiente con capacidad para 80 internos, bajo estas condiciones mantener el distanciamiento social de al menos u metro entre personas, como una medida básica de prevención de la enfermedad, es imposible”, manifestó.
En algunos recintos carecen de agua potable como en Chonchocoro, en La Paz y la carceleta de Riberalta, situación extremadamente atentatoria para la salud de las personas detenidas en estos recintos, exponiéndoles a mayores probabilidades de contraer la enfermedad del COVID-19. A esto se suma, indicó, que en los baños de los recintos penitenciarios no existe material de aseo personal como jaboncillos o desinfectantes, lo que impide el lavado y desinfección de manos, medida básica de prevención del virus.
De acuerdo a información hecha pública, a mayo de 2018 existían 704 personas adultas mayores, 301 personas con VIH/SIDA de las cuales 29 padecían tuberculosis; 13.590 personas con infecciones agudas sin y con neumonía; 2.395 enfermos de diabetes entre otras patologías.
“Información oficial de Régimen Penitenciario señala que a diciembre de 2019, existían 133 niños en cárceles de mujeres, puede que haya subido unos dos o tres más en este trimestre; son poblaciones que han sido invisibilizadas en las medidas de prevención dispuestas para evitar el contagio del COVID-19”, observó Cruz.
La alimentación en el contexto de la cuarentena se está convirtiendo en un problema altamente alarmante, lo que se refleja, según Cruz, en las carceletas rurales donde la familia realizaba la provisión diaria, pero que con las restricciones ya no lo hace; incluso en cárceles como la de San Pedro de La Paz, se denunció la reducción a la mitad de cantidad de comida que reciben al día; mientras en otros centros no tienen alimentos y piden colaboración como en Puerto Suarez o en la carceleta de Guayaramerín, donde internos este miércoles amenazaron con prenderse fuego por falta de alimentos y reclamaron que las autoridades los olvidaron en este tiempo de cuarentena.
De igual manera, dijo, existen debilidades en las prestaciones de salud al interior de los centros carcelarios, siendo que el personal de Régimen Penitenciario ni de Seguridad Penitenciaria, están capacitados sobre la prevención y contención del COVID-19, ni cuentan con protocolos de atención ni implementos de protección personal.
Ante esta realidad, la Defensora solicitó al Ministro de Gobierno la implementación de un programa sanitario integral a nivel nacional para preservar efectivamente la salud y vida de las personas privadas de libertad ante la pandemia del COVID-19; garantice el presupuesto necesario y permanente para la dotación de alimentación nutritiva, equipos de protección para la población penitenciaria y para el personal de Régimen Penitenciario y Seguridad Penitenciaria; y una campaña de información sobre la prevención del COVID-19 en centros carcelarios.
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