A cinco meses del fin del incendio que afectó a casi seis millones de hectáreas en la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, no existen responsables identificados y menos acusados, dijeron ambientalistas y políticos.

Al respecto, una delegación de cuatro miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) llegará al país en breve para realizar una evaluación sobre el “ecocidio en la Chiquitania” y establecer opiniones para un posterior veredicto sobre quienes son responsables.

“Nadie se preocupa. Hay una impunidad que a mí me asusta. Las autoridades, y me refiero al gobierno, al ministerio público, a los jueces, nadie habla del tema del incendio y de la pérdida de millones de árboles y de animales”, dijo el ambientalista Pablo Solón.

El director de la fundación Solón agregó que “en el tema de impunidad no hemos podido identificar quién fue el culpable, qué medidas adoptamos contra los responsables de haber matado a la naturaleza en un país, además, que reconoce los derechos de la naturaleza. Nadie ha sido identificado”.

Solón contó que estuvo recientemente en Santa Cruz en una reunión en la que participaron bomberos voluntarios en los incendios de 2019, y que ellos manifestaron que existe un alto riesgo de que éstos vuelvan a producirse, porque “no existe ninguna política concreta” para evitarlos. “Estoy convencido que este gobierno es expresión directa del agronegocio”, agregó.

Consultadas las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente respecto de estos temas, informaron que tanto la ministra como la viceministra estaban con una agenda muy apretada y que no podían hacer declaraciones.

Dramáticos incendios

Entre agosto y octubre de 2019 se produjeron los incendios de la Chiquitania y que recién terminaron gracias, en gran parte, a las lluvias. Casi seis millones de hectáreas se habían quemado, es decir el equivalente a la extensión de Cochabamba o dos veces el territorio de Bélgica. De ellas, medio millón correspondía a bosques y el resto a pastizales.

Como causa de los incendios se identificó entonces a los decretos supremos y leyes aprobadas durante la gestión del gobierno del MAS y que facilitaban las quemas y los chaqueos destinados a habilitar tierras para la ganadería y la agricultura. Al descontrolarse esas quemas, generaron uno de los peores incendios de bosques de la historia de Bolivia.

Marco Gandarillas, que encabeza el CEDIB, una ONG referida a temas de desarrollo, expresó que no durante años diferencias sustanciales entre las posiciones económicas del MAS y las de la exoposición.

“La antigua oposición legislativa no tenía una diferencia de opinión sobre economía y planes de desarrollo con el gobierno de Evo Morales; las diferencias eran de corte político, pero en cuanto a modelos de economía y desarrollo económico no había diferencia”, dijo Gandarillas. “Nadie cuestionaba el corazón de la política económica del gobierno anterior, y los Demócratas menos que nadie”, dijo.

Solón, Gandarillas y la diputada disidente de UD, Fernanda San Martín, recordaron que las leyes que facilitaban los chaqueos fueron aprobadas gracias al respaldo de la entonces oposición parlamentaria, especialmente del partido Demócratas, hoy en gestión de gobierno.

“Fueron leyes aprobadas por unanimidad en el Senado, la antigua oposición se sumó a esas normas”, dijo Solón. “Si queremos evitar otra tragedia como el incendio de la Chiquitania, tenemos que desalentar los chaqueos. Y para desalentar los chaqueos debemos abrogar las normas que los alientan y nada de ello ha ocurrido hasta hoy”, agregó.

Gandarillas hizo notar también que se aprobaron varios decretos que alientan los chaqueos y que el gobierno “no los ha derogado” debido a que “no tiene voluntad política”. Señaló que esos decretos “se anulan con otro decreto, pero claramente este es un tema espinoso para las autoridades”.

Según Gandarillas, tampoco el gobierno ha tomado ninguna iniciativa respecto de la aprobación de la ley departamental del Beni respecto al Plan de Uso del Suelo (PLUS), que determina que nueve millones de hectáreas de ese departamento pueden tener fines agrícolas, lo que implicará una masiva deforestación.

“Esta medida no se ha tomado por el gobierno nacional, pero el gobierno nacional podría hacer una intervención porque se está haciendo un enorme cambio de uso de suelos a casi 10 millones de hectáreas”, explicó.

La diputada San Martín ha emitido junto con algunas de sus colegas un video crítico contra la presidenta Jeanine Añez, que ha distribuido en redes sociales. “La conozco hace años, (Añez) dice una cosa y hace otra. Ella y su entorno han aprobado las leyes de chaqueo en contra del medio ambiente que ocasionaron los incendios en la Chiquitania”, dice en su mensaje.

Leyes “incendiarias”

Sobre la supuesta impunidad de quienes promovieron los chaqueos y los incendios en la Chiquitania, San Martin dijo que no se han producido mayores investigaciones “debido a que la alianza entre el MAS y Demócratas continúa vigente”. Reiteró que “las leyes se aprobaron por unanimidad en la Cámara de Senadores durante la anterior gestión”, con apoyo de esos dos partidos. Solón las califica como “leyes incendiarias”.

La diputada expresó que la actual ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, cuando era senadora de Demócratas, se convirtió en la “portavoz de la Cainco, de Fegasacruz y Fegasabeni, entidades que impulsaban la deforestación. Ella tiene un conflicto de intereses y no debería ocupar ese cargo”.

Las leyes aprobadas en la gestión anterior fueron la 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los  desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre 1996 y 2011; la 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”; la 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la producción de biocombustibles; la 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconoce “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”; y el decreto supremo 3973, que autoriza los desmontes para incrementar la frontera agrícola destinada a las actividades ganaderas y agrícolas.

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza  

Del 15 al 20 de marzo, una delegación especial del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) visitará la Chiquitania para escuchar a las partes, evaluar la situación y preparar una sentencia sobre las responsabilidades.

La secretaría del TIDN envió cartas a la presidenta del estado, Jeanine Añez, y del Senado, Eva Copa, para conocer sus opiniones sobre los responsables de los incendios, la manera en la que estas áreas pueden recuperarse y las medidas preventivas para evitar que la situación se repita. La comisión del TIDN pidió reuniones con ambas autoridades a realizarse durante su visita al país.

El año pasado, una delegación de la TIDN dictaminó que el Estado de Bolivia, liderada entonces por el MAS, “violó” los derechos de los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por alentar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos sin una apropiada consulta previa e informada a los indígenas.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.