La crisis diplomática entre México y Bolivia se agudiza. El Gobierno mexicano afirma que su Embajada en La Paz está bajo acoso desde que decidió dar asilo político al expresidente Evo Morales, en noviembre pasado, y está dispuesto a llevar el conflicto ante la justicia internacional. Pero para sus contrapartes bolivianas la historia es diferente. "Deleznables", "ofensivas", "falaces", "indignantes". La canciller boliviana, Karen Longaric, no escatima en adjetivos para calificar las acusaciones de México. "Simplemente pedimos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no se inmiscuya más en nuestros asuntos internos y que respete la soberanía boliviana, Bolivia no es una colonia de México", afirma Longaric en entrevista telefónica con EL PAÍS, previa a que se hiciera público el confuso incidente con diplomáticos españoles en la Embajada de México en La Paz. Desde su perspectiva, las autoridades mexicanas han tergiversado la realidad para debilitar la imagen del Gobierno interino de Jeanine Áñez y permitir el regreso de Morales y sus partidarios al poder.
"¿Qué derecho tiene López Obrador a cuestionar las decisiones del pueblo simplemente por su amistad o cercanía ideológica con Evo Morales?", se pregunta Longaric y continúa: "Los intereses de Bolivia no pasan por los del presidente de otro país que lo único que quiere en este momento es beneficiar políticamente a su socio, a su acólito". Estos son los argumentos que la ministra boliviana de Relaciones Exteriores esgrime con mayor insistencia y subraya que nunca se han violentado los recintos oficiales de México en Bolivia. "No lo haremos nunca, está absolutamente descartado, somos un país civilizado que conoce sus límites en materia internacional", asegura Longaric.
El enfriamiento de las relaciones con México ha derivado también en una escalada en las descalificaciones y en dichos cada vez más difíciles de justificar. "López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia", dijo Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia (2001-2002) y funcionario del Gobierno de Áñez, en uno de los puntos más álgidos de la crisis diplomática. "Ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos y usted es un cobarde matoncito", agregó el exmandatario, cuyos dichos han sido secundados por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), así como otros políticos latinoamericanos de corte conservador. Horas antes, el Ejecutivo mexicano dijo que su país no tuvo estos problemas "ni con Pinochet". "Nos tiene sin cuidado como nos califique el señor López Obrador", revira Longaric. La ministra también ha evitado hablar de la llamada "cacería", en palabras de ministros de su Gobierno, contra los exministros protegidos por México.
La canciller boliviana dice que los comentarios de Quiroga no reflejan la visión del Gobierno, pero no oculta la molestia por las acciones del Gobierno de López Obrador en las últimas semanas. Ahí residen las raíces del conflicto, según el Gobierno boliviano. Mientras México afirma que defiende su prerrogativa de dar protección diplomática a Morales, el Gobierno interino de Bolivia dice que el expresidente no tiene derecho al asilo porque cometió "crímenes de lesa humanidad". Para sostener esos dichos, Longaric dice que esos delitos contra la humanidad (entre los que están tipificados el exterminio y la tortura) fueron los bloqueos de los seguidores de Morales en el conflicto poselectoral. Mientras la Cancillería mexicana acusa de que se está hostigando a nueve exfuncionarios del Gobierno de Morales resguardados en su Embajada, sus contrapartes bolivianas dicen que se está protegiendo a autores de actos terroristas. "No sé cuál es la motivación de tener esta actitud con Bolivia, que viene desde dos meses atrás", lamenta Longaric.
No hay terreno intermedio entre ambas posiciones en el núcleo del problema. En cuanto a las acusaciones de asedio policial y espionaje, la Cancillería boliviana insiste en que fueron las autoridades mexicanas quienes solicitaron que aumentara la vigilancia y que ellos simplemente cumplieron con esa petición. Al cuestionarle que dos de esas solicitudes se mandaron entre el 19 y el 29 de noviembre, en uno de los momentos de mayor inestabilidad por el conflicto poselectoral, Longaric contesta que el Gobierno mexicano es el que debe decir si esas peticiones se sacaron de contexto o no. "La Embajada es el instrumento que utiliza México para confrontar a Bolivia", repite la canciller.
"Esta crisis puede superarse y no debió haberse dado nunca", matiza Longaric. Pese a que ambas partes se dicen dispuestas a dialogar, no se han establecido canales concretos de comunicación. México dice que ha buscado sin éxito al encargado de Negocios de Bolivia y La Paz afirma que se le ha negado la acreditación a su representante. Incluso, una mudanza de los recintos oficiales de México, que ya estaba planeada desde hace varias semanas y que no tiene relación con el conflicto según la Cancillería mexicana, ha levantado todo tipo de sospechas en las últimas horas.
La canciller de Bolivia señala que la diferencia por los salvoconductos de los nueve exfuncionarios resguardados en la Embajada se salió de toda proporción y se mantiene firme en que deben ser entregados a la justicia ordinaria. Pero será difícil que México acepte esas condiciones, aunque por ahora ha descartado el cierre de la Embajada, así como una ruptura diplomática definitiva. Mientras la disputa llega a la Corte Internacional de Justicia y las relaciones entre ambos Gobiernos se deterioran, no hay visos próximos de una salida negociada ni atisbos de las posiciones que asumirán varios países con peso específico en el sistema internacional de la región.
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