“El organismo electoral debe preservar celosamente su independencia, autonomía e imparcialidad. A veces su defensa incómoda, pues cierra el paso a quién quisiera disponer de resultados asegurados antes de que los ciudadanos vayan a sufragar”. Con ese mensaje, Salvador Romero Ballivián, asumió como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Romero, designado por la presidenta interina, dijo que está consciente del momento histórico. Señaló que después de casi 40 años se anuló una elección y que se “requiere reencontrar la misión auténtica del Tribunal Electoral como una institución independiente de los poderes y de los partidos”.

Señaló que una elección limpia implica que los actores políticos asistan a ella “seguros de que el árbitro estableció una competencia justa” y que los votantes “participen convencidos de que nada ni nadie distorsionará a su voluntad”.

Dijo que el primer deber del Órgano Electoral es el apego a las normas que regulan las actividades partidarias y electorales. “En otras palabras, si el organismo electoral desea ser respetado debe ser irreprochable”, agregó.

Recalcó que el Órgano Electoral necesita conservar la imparcialidad frente a los órganos del Estado y las organizaciones políticas.

“La labor del Tribunal Electoral debe abrirse al escrutinio minucioso y rehuir la opacidad que alimenta sospechas”, manifestó el sociólogo.

Dijo que las elecciones del 20 de octubre “han sido un episodio traumático con una secuela trágica de vidas perdidas y de conflictos que han dejado una sociedad herida y dividida”, pero destacó que los actores políticos hayan reafirmado la convicción democrática y la construcción de consensos.

“La elección de 2020 debe concluir en la conformación de un gobierno y de una Asamblea dotados de la indiscutible legitimidad que otorga un proceso organizado por un Tribunal Electoral que haya recuperado la confianza de los ciudadanos, pues ofreció imparcialidad, legalidad, certeza e institucionalidad sin subordinarse a ninguna fuerza política”, agregó el vocal.

Romero ya fue presidente de la Corte Nacional Electoral. Fue designado por la presidenta Añez con la perspectiva poner a notables como autoridades electorales, para devolver la credibilidad a la institución.

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