El Gobierno marcó la ruta para tres autoridades judiciales involucradas en escandalosas denuncias: deben pedir licencia mientras dure la investigación. Así lo manifestaron distintas autoridades en pasados días, bajo la advertencia, además, de que si encuentran pruebas evidentes en su contra,  la Asamblea Legislativa los sancionará a través de un juicio de responsabilidades. 

Ya había pasado algo similar en el caso del exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos, denunciado por supuesta violencia familiar, a quien el ministro de Justicia, Héctor Arce, le pidió solicitar licencia. Ante las evidencias sobre las agresiones denuncias y las presiones, el tribuno renunció antes de que prospere el juicio de responsabilidades en su contra.

El miércoles 21 de agosto, Arce le sugirió también al consejero de la Magistratura Omar Michel, tramitar su licencia mientras se esclarezca la denuncia penal en contra de su hermano Juan Michel, por dos audios que revelan presunta presión a jueces y repartija de pegas en el Órgano Judicial, implicando a la autoridad judicial y al mismo Ministro.

Pero el titular de justicia no solo apuntó a Michel, sino también a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado, investigados por un audio de supuesta presión a jueces y vínculos con el narcotráfico, respectivamente.

El ministro recordó que Hurtado tiene denuncias por una presunta implicación con el narcotraficante Pedro Montenegro, y que Egüez tiene denuncias investigadas en el Ministerio Público porque personalmente habría pretendido manipular un fallo judicial, según se reveló también en un audio.

“En este mismo caso, respetuosamente sugerimos por el bien de la justicia boliviana que estas autoridades, presumiendo su inocencia, pidan una licencia y se sometan a una investigación como cualquier otro ciudadano y si se establece que no tienen ninguna participación, se restituyan a sus cargos con todos sus derechos”, puntualizó.

Si bien Arce dejó su sugerencia en manos de las autoridades aludidas, también insinuó que los órganos colegiados a los que pertenecen “tendrán que tomar una posición”.

En consonancia con Arce, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, pidió también que las autoridades judiciales involucradas en denuncias de corrupción y cuoteo de cargos, dejen sus funciones de manera temporal, a través de una licencia, para que se defiendan “sin ningún privilegio”.

“De ser evidente que estos audios son auténticos, lo digo como presidente de la Cámara de Diputados, pidan licencia, defiéndanse sin ningún privilegio (…) los que juzgan a las autoridades judiciales son los de la Asamblea”, remarcó el jueves.

Borda dijo que hay algunas autoridades denunciadas en el Legislativo y que de ser probados los hechos en su contra, se dispondrán sanciones “ejemplarizadoras” porque cree que no puede haber personas que lucren a costa de los más necesitados, según sus palabras.