El ministro de Gobierno, Carlos Romero aseguró ayer que la designación de la titular regional de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Patricia Salazar, está enmarcada en lo legal, porque a pesar de tener un proceso en su contra no cuenta con sentencia ejecutoriada.

"Hay un proceso para poder acceder a una función pública, no tiene que tener sentencia ejecutoriada y en este caso no tiene, en todo caso el director nacional de Dircabi será la instancia que tomará una decisión al respecto", dijo.

Salazar fue acusada por un supuesto delito de estafa agravada, con víctimas múltiples. Por este caso estuvo recluída en el penal de Palmasola entre el 2016 y 2017.

Salazar, por su parte, alegó inocencia.