Cuatro mineros murieron por impacto de bala en agosto de 2016, en un enfrentamiento con la Policía, en las carreteras de La Paz-Oruro-Cochabamba, en el conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas. Sin identificar a los culpables, el Ministerio Público cerró la investigación en Cochabamba de Severino Ichota y Fermín Mamani.
"La resolución (del Ministerio Público) conforme a procedimiento no ha sido impugnada por las víctimas que son las facultadas para la revisión o la apelación de este tipo de determinaciones, por tanto, el seguimiento de la Defensoría ha culminado allá", informó la Defensora del Pueblo, Nadia Alejandra Cruz Tarifa.
Por las muertes de los mineros Rubén Aparaya Pillco y Pedro Mamani Massi tampoco se reportó ni un solo detenido y posiblemente concluyan en la misma ruta que el caso de Cochabamba, sin culpables. Con relación al cooperativista Freddy Ambrosio, murió a causa de la mala manipulación de una dinamita.
Los familiares de los mineros lloraron a sus muertos cuando tuvieron que enterrarlos, mientras el país no salía del asombro por el asesinato del entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, además de cinco mineros en agosto de 2016.
Ese conflicto se activó cuando la Asamblea Legislativa trataba una norma para impulsar la creación de sindicatos en las cooperativas mineras y estalló luego de que el presidente Evo Morales promulgó la reforma.
Después que el Ministerio Público tomó declaraciones a más de 80 personas y realizó diferentes pericias en el marco de las investigaciones, no logró identificar al autor o autores que dispararon en contra de los mineros.
INDAGACIÓN DE OFICIO
El Ministerio Público investigó de oficio el caso. El 6 de enero de 2017 emitió una resolución de rechazo y descartó seguir con las indagaciones por la muerte de dos mineros en Cochabamba. En ese entonces, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que "eso no implica que el caso esté cerrado (...), se puede reabrir".
Sin embargo, eso no ocurrió, no se investigó ni se revisó el caso, pese a que en junio de 2018 la dirigencia de los mineros cooperativistas pidió al Ministerio Público esclarecer la muerte de los cinco afiliados en los enfrentamientos registrados entre el 23 y 25 de agosto.
ARGUMENTOS
Cruz explicó que la resolución de manera general establece dos argumentos para determinar el cierre del proceso: que las víctimas no se constituyeron para seguir el caso y que, a lo largo de las investigaciones, fue imposible identificar a los autores de las muertes, por la complejidad del conflicto social.
La Defensora del Pueblo comentó que nadie reclamó la determinación fiscal y eso imposibilitó seguir el proceso; si los familiares de las víctimas hubieran reclamado como injusta la determinación, entonces, la institución defensorial hubiese intervenido, detalló.
