La disolución del acuerdo entre Vías Bolivia y la Federación Departamental de Choferes de 1° de Mayo para la retención de 20 centavos para un fondo pro salud no frenará la denuncia penal que existe por este caso y, por el contrario, será ampliada a los exdirectores de la estatal que firmaron el documento, anunció ayer miércoles el diputado Wilson Santamaría, uno de los dos denunciantes.

Anticipó que el miércoles 17 de abril se apersonará ante el Ministerio Público para entregar un nuevo legajo de documentos de respaldo, que además contemplará gestiones de anteriores dirigentes.

El diputado opositor y su colega Rafael Quispe denunciaron a los dirigentes Ismael Fernández, actual ejecutivo nacional de los choferes, además de Rubén Sánchez y Mario Silva, actuales dirigentes departamentales por los delitos de apropiación indebida de recursos, malversación, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito, entre otros.

“Hemos decidido que la acción penal va a continuar, vamos a presentar una ampliación contra los exdirectores que firmaron este acuerdo de Vías Bolivia y también en contra de las gestiones anteriores de los choferes”, informó Santamaría.

Dijo que la disolución del acuerdo que fue anunciada el martes por el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, no puede dejar sin efecto las investigaciones para dar con los responsables del manejo de dinero que, aseguró, fue “malgastado”.

Por efecto del acuerdo, el citado fondo se conformaba con la retención de 20 centavos que hacía Vías Bolivia desde 2008 a los peajes que pagan los afiliados en la Autopista La Paz - El Alto y que a la fecha se cifra en Bs 12 millones, aunque se habla de que alcanzaría a los Bs 15 millones tomando en cuenta un acuerdo previo con Tollsa S.A vigente desde 2004.

REUNIÓN INFORMATIVA

La Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo anunció que pedirá una reunión informativa con Vías Bolivia para que se les aclare sobre la suspensión del convenio para las retenciones de 0,20 centavos en el peaje de la Autopista La Paz - El Alto. Los dirigentes expresaron su intención de instalar a sus propios cobradores sindicales en el retén