DETALLE
El diputado opositor Amilcar Barral planteó una petición de informe oral dirigida al fiscal del Estado, Juan Lanchipa, sobre este caso.
La sentencia de cinco años de cárcel para el subteniente Cristhian Casanova por la muerte del estudiante Jonathan Quispe, generó el descontento de los estudiantes y funcionarios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), quienes activaron ayer jueves movilizaciones en exigencia de una pena de 30 años para el policía.
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, a la que pertenecía Quispe antes de fallecer en mayo de 2018 tras un disparo que recibió de Casanova durante una protesta, instalaron un bloqueo temporal y un mitín en una calle céntrica de esa urbe. El rector de la UPEA, Freddy Medrano, dijo que el descontento es generalizado y anticipó que las protestas se extenderán progresivamente.
El director de la carrera de Comunicación Social, Gabriel Duchen, ratificó que no cesarán en su demanda de castigo justo para Casanova.
Anticipó que se desarrollará hoy un consejo universitario en la que se determinarán medidas de protesta por esta sentencia de la justicia, además se demandará la destitución del fiscal Rudy Terrazas y del juez Ángel Méndez involucrados en la sentencia del caso de la muerte del universitario y, también, se pedirá un resarcimiento para la familia de Quispe.
Manifestó que agotarán todas las instancias legales para dar con los responsables materiales e intelectuales de la muerte del estudiante y se ejecute “una sanción ejemplarizadora”.
Indicó que el oficial de policía acusado, aprovechando el cambio de fiscal del caso, se acogió a un juicio abreviado con un fallo de cinco años de cárcel, pero sin conocimiento de la familia ni de la UPEA.
El Consejo de la Magistratura determinará si en el proceso hasta llegar a la sentencia para Casanova, existieron o no irregularidades.
El decano del Consejo, Omar Michel, manifestó que el debido proceso se traduce en que toda actuación procesal debe estar en conocimiento de las partes, por eso se habla de que se cumpla el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, entre otros.
