En los últimos días, se conoció el retiro de al menos dos funcionarias de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), a tres semanas de que el periódico Brújula Digital denunciara que en algunas licitaciones la nacionalizada, para la contratación de empresas de seguridad, omite el requisito de que estas cuenten con una licencia de funcionamiento.

Se trata de la subgerenta de Adquisiciones, Silvia Paola Funes Machicado y la subgerenta de Transparencia, Bertha Jackeline Pinto Álvarez.

La denuncia daba cuenta que en tres recientes contrataciones de servicios, Entel no incluyó el requisito de la licencia. Más adelante, la telefónica no informó ni los nombres de las empresas contratadas ni los montos adjudicados. Una de las licitaciones se refería a la adquisición de cámaras de vigilancia.

Esa información generó la amenaza de un juicio penal por parte de Entel contra Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital.

Extraoficialmente, El Deber conoció que no hubo despidos sino una rotación de funciones. Pero los nombres de ambas funcionarias no aparecen en las declaraciones juradas de la Contraloría.