Un juicio contra el gerente general de YPFB Transporte, Cristian Inchausti Sandoval, y el trabajador de esa empresa y dirigente del MAS, Rolando Borda, por uso indebido de bienes del Estado, develó que esta empresa es una sociedad anónima y que tiene registro en Fundempresa como entidad privada, por lo que no fue nacionalizada como anunció el Gobierno hace diez años.

Según documentos publicados por Erbol, Inchausti y Borda fueron denunciados por el opositor Tomás Monasterio por haber utilizado el 28 de septiembre de 2015 movilidades del Estado para el acarreo de funcionarios de esa empresa a una concentración de indígenas que llegaron a la ciudad de Santa Cruz.

La denuncia fue planteada el 9 de octubre de 2015 y recién el pasado 29 de octubre, luego de casi tres años, la fiscal Anticorrupción Mabel Andrade notificó al denunciante con el rechazo, donde argumenta que YPFB-Transporte no pertenece ni fue registrado como patrimonio del Estado, sino como dominio privado.

Según Erbol, la fiscal mencionó que tanto Cristian Inchausti como Rolando Borda son empleados de la sociedad anónima "por lo que no tendrían la calidad de servidores públicos" para ser procesados en base a Ley de Lucha Contra la Corrupción.

Se trataría del segundo caso en que una empresa ‘nacionalizada’ no tiene esa cualidad. El 11 de octubre de 2018, con similar argumento el juez 3ro de Instrucción Penal y Anticorrupción de Santa Cruz, Carlos Martín Camacho Chávez, anuló un proceso penal contra el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores, Marcos Melgarejo, porque la nacionalización de AIR BP-Bolivia SA no se concretó tal como dispuso el DS 111 del 1 de mayo de 2009.