Una vez más la justicia rechazó ayer lunes el pedido de cesación de la detención del dirigente cocalero Franklin Gutiérrez, por lo que deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro por la muerte del teniente Daynor Sandoval, ocurrida en agosto en la región de La Asunta, en el norte de La Paz, durante un operativo de erradicación de coca ilegal.
"Esta es la segunda audiencia de cesación y la segunda en la que se le niega la libertad, entendemos que existe una presión bastante alta", sostuvo la abogada de Gutiérrez, Paola Barriga, a la conclusión de la audiencia que debió desarrollarse el 11 de octubre pero fue aplazada para ayer ante la ausencia de familiares de Sandoval.
"No nos olvidemos que estos elementos (pruebas de que Gutiérrez no estuvo cerca del lugar donde falleció Sandoval el 24 de agosto) serán validados nuevamente en una audiencia de apelación y tenemos mucha fe que la justicia sea objetiva, no puede ser que a una persona se le quiera endilgar tantos delitos sin tener un solo elemento probatorio", complementó Barriga.
EL CASO LLEGA A LA CIDH
El caso de Gutiérrez llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que Barriga solicitó medidas cautelares para su cliente por considerar que se vulneró sus derechos en su aprehensión y reclusión carcelaria. El acusado alegó en todo momento inocencia y denunció que el caso es político.
