La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó ayer viernes su rechazo y preocupación por una disposición adicional en el Proyecto de Ley de Regularización de Adeudos Tributarios o perdonazo que, en su criterio, vulnera el derecho a la reserva y confidencialidad de operaciones con entidades financieras y genera condiciones para una “persecución de contribuyentes”.
Para el empresariado lo que se pretende es ampliar las facultades de las autoridades tributarias y vigorizar el accionar discrecional del SIN “a partir de una lógica de persecución de los contribuyentes registrados en el padrón tributario”. Esa posición fue dada a conocer al presidente Evo Morales a través de una carta enviada por el presidente de la CEPB, Ronald Nostas.
"El contenido de la Disposición Adicional Primera del Proyecto de Ley de Regularización de Adeudos Tributarios (Ley del Perdonazo) dispone que el Servicio de Impuestos y la Aduana Nacional puedan vulnerar el derecho a la reserva y confidencialidad de las operaciones de particulares con entidades financieras, apelando a la simple presunción de la existencia del incumplimiento de obligaciones tributarias”, según una nota de prensa de la entidad.
