El procurador del Estado, Pablo Menacho, deberá responder hoy ante el pleno de Diputados 24 preguntas planteadas en una Petición de Informe Oral (PIO), referidas a los diferentes procesos de nacionalización de empresas estratégicas, reversión de derechos mineros, expropiaciones, así como el monto cancelado por el país, tanto por procesos pactados como por laudos arbitrales.

El caso Quiborax, por el cual el Gobierno pretende llevar al expresidente Carlos Mesa a un juicio de responsabilidades por la reversión de concesiones que hizo en su momento de los yacimientos de ulexita en el Salar de Uyuni a capitales privados chilenos y bolivianos, destapó interrogantes a un cuestionado proceso de defensa desde el Estado, así como hechos irregulares cometidos por altos personeros de la Procuraduría.

El diputado de UN, Amilar Barral, planteó al actual procurador, responder por los procesos de nacionalización, expropiación, reversión y otros que le merecieron al Estado negociaciones de conciliación y en otros juicios ante cortes internacionales con pagos millonarios por indemnización.

Entre las preguntas que expone Barral es saber si al momento de dictaminarse de la reversión de derechos mineros del Complejo Vinto y la mina Colquiri mediante DS 29026, 499 y 1264, se encontraban vigentes las leyes de privatización 1330, de capitalización 1544 y la 1982 y sus decretos respectivos.