La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB) recordó ayer al Gobierno que el Convenio 131 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al ser reconocido en el bloque de constitucionalidad, está por encima de la Constitución y debe ser cumplido por el Gobierno para fijar en adelante el salario mínimo nacional.
Expresó su preocupación porque el Gobierno intenten eludir la responsabilidad que les impone el Convenio N° 131, cuestionando el derecho a exigir su cumplimiento y, sobre todo, poniendo en duda la transparencia y ecuanimidad de la propia OIT, sin considerar que el ministro que asistió a la sesión “indicó que el Gobierno va a proceder al análisis de las conclusiones y examinar cómo implementarlas”.
Sostiene que la Comisión ha dejado claramente establecido que los mecanismos que utilizó el gobierno boliviano, en estos años para fijar el salario mínimo, no corresponden al espíritu del Convenio 131 y deben adecuarse a la norma.
