Un día después de que el Gobierno reveló que el juicio impulsado en contra del expresidente Carlos Mesa apunta a recuperar los $us 42.6 millones que indemnizó el Estado por el arbitraje perdido en el caso Quiborax, el exmandatario replicó “indignado” que quienes deben honrar ese pago son los ministros Héctor Arce y Cesar Navarro, además del procurador Pablo Menacho.

El exgobernante defendió nuevamente su inocencia en el proceso en su contra, que considera "político". Remarcó que no cometió “ningún error” jurídico durante su mandato, destacó que el término “revocatoria” que observa el Ejecutivo como ilegal está consignado en la legislación boliviana y que la Superintendencia de Minas de ese entonces zanjó el conflicto con la anulación de las concesiones entregadas a Quiborax.

Acusó a los funcionarios por los “delitos” y la “pésima defensa” que rodea al caso y denunció una práctica de impunidad y delitos como traición al país.

“El señor Arce y el señor Menacho son quienes deben responder por los 42 millones porque cometieron delitos, porque han hecho actos irregulares y porque han hecho una pésima defensa de nuestros intereses en el caso Quiborax”, dijo.

También apuntó a la exfuncionaria de la Procuraduría, Carmiña Llorenti, a quien el Gobierno indaga por filtrar documentos de la defensa.

Aclaró que el centro del debate no es cómo él pagará ese monto de dinero de hallárselo culpable, sino la forma en cómo protege la administración del presidente Evo Morales a los, desde su punto de vista, verdaderos responsables.

Bolivia pagó a Quiborax $us 42.6 millones por un fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El Gobierno, a través de la Procuraduría, culpó a Mesa por un “procedimiento ilegal” con el que se la expulsó, en 2004, y se revirtieron las 11 áreas en el Salar de Uyuni que se le había concedido para la explotación de ulexita.