El expresidente Carlos Mesa declaró ayer ante el fiscal general Ramiro Guerrero por el caso Quiborax y ratificó que el principal responsable del caso es el Gobierno de Evo Morales, por lo que quienes deberían ser procesados en su lugar son los cuatro funcionarios que denunció el 18 de junio, entre ellos los ministros de Minería, César Navarro, y el de Justicia, Héctor Arce.

“El fiscal tiene en la balanza dos elementos, el presentado por el procurador general y el presentado por nosotros en función de la responsabilidad, de la verdadera responsabilidad que para mí, sin ninguna duda, es del gobierno del presidente Morales y en absoluto del nuestro”, manifestó el exgobernante a su salida del interrogatorio del Ministerio Público, en Sucre.

El proceso de indagación fue solicitado por el procurador Pablo Menacho, quien acusa a Mesa de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica. Todo, por la reversión durante su gobierno de concesiones mineras a la firma chilena que luego le costó al país el pago de $us 42.6 millones tras un laudo arbitral.

“En mi respuesta yo planteé que yo no me consideraba de convicción una persona sujeta de una denuncia o una acusación que fuera justa y que me remitía a los tres memoriales que hemos presentado en mayo y en esta primera quincena de junio como elementos de convicción para establecer una lógica distinta”, añadió.

Mesa presentó tres memoriales. En los dos primeros plantea que el acusado no debe ser él, sino que se considere una ampliación de la investigación a los funcionarios del Gobierno.

“Pero ya el tercer memorial de ayer (por el lunes) es una denuncia formal que le pide al fiscal abrir una investigación sobre los personeros del presidente Morales (entre ellos Menacho), por supuesto basado en cuatro irregularidades claves que son absolutamente coherentes”, detalló.

Entre las cuatro irregularidades a las que se refirió Mesa en su denuncia está que el Ministerio de Defensa Legal se retractó de un acuerdo formal oral verbal al que ya había llegado con la chilena Quiborax para cerrar amistosamente el pleito con el pago de $us 3 millones, y no los $us 42.6 millones que finalmente definió un laudo arbitral.