Ayer, el expresidente Carlos Mesa consideró que, de darse curso al juicio en su contra por el caso Quiborax, también debieran ser procesados el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el presidente Evo Morales porque mantuvieron la decisión que tomó de revertir al Estado la concesión otorgada a la firma Quiborax- Non Metallic Minerals S.A., de capitales chilenos, para la explotación de recursos naturales en el salar de Uyuni.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia en un arbitraje interpuesto por la firma de capitales chilenos.

Mesa pidió a través de un memorial enviado a la Fiscalía  el rechazo y archivo de obrados del juicio planteado en su contra por el caso Quiborax y, por el contrario, la instauración de procesos legales por “una pésima defensa” de los intereses del Estado, que ahora está obligado a pagar $us 57 millones a la firma chilena.

Un laudo inicial de 2015 ya salió en contra de los intereses bolivianos y fue apelado sin resultados, ya que fue ratificado en mayo de este año y no solo con el monto inicial definido sino con los intereses respectivos.

El procurador del Estado, Pablo Menacho, anunció el 22 de mayo la presentación ante la Fiscalía de una proposición acusatoria contra Mesa y días después se conoció que ya estaba en manos del Tribunal de Justicia. No obstante, la ley para el juicio a expresidentes y altos cargos establece un plazo de 30 días para formular la acusación o el rechazo.

Cumplido ese plazo y de ser procedente el proceso pasa al TSJ para requerir el enjuiciamiento que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Mesa explica en el memorial, que hizo público en su blog, que presenta el recurso solicitando el rechazo y archivo de obras del juicio planteado por la Procuraduría en el marco, justamente, de esos plazos aún vigentes.

El 23 de junio de 2004, por DS 27589, se ordenó la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de esa firma que operaba en Uyuni para la explotación de ulexita. Rodríguez le sucedió en el cargo y recordó que no restituyó la concesión.

 “No ratifiqué la expulsión. Al contrario, el decreto que emitió mi gobierno rectificó la actuación administrativa que tenía errores jurídicos insalvables y señaló el procedimiento administrativo a seguir conforme al ordenamiento jurídico aplicable y que fue omitido”, dijo.

Para Mesa, el gobierno de Morales tampoco rechazó lo que hizo en 2004 y, por el contrario, inició la defensa del Estado en el Ciadi y una acción penal en contra de accionistas de la empresa Quiborax, “demostrando con esto también, de manera inequívoca, que la empresa era la que dañaba y perjudicaba al Estado y éste la verdadera víctima en este conflicto”.