"El caso está concluido", aseguró anoche el procurador del Estado, Pablo Menacho, en relación al fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra de Bolivia que le obliga a pagar Bs 48.6 millones a la firma chilena Quiborax por la reversión en 2004, en el gobierno del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), de una concesión en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

Dijo que se conversan con las firmas demandantes para ver la forma de cumplimiento del laudo de la manera "más ordenada y más beneficiosa para los intereses de Bolivia".

Anunció, además, que la Procuraduría pidió a la Fiscalia abrir una indagación a Mesa y tres de sus exministros por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica al incumplir leyes y decretos que dieron paso a la demanda internacional de la empresa Non Metallic, socia de Quiborax, ante el Ciadi en 2005.

Precisó que la solicitud fue presentada el 22 de mayo y advirtió que el caso Quiborax es el caso más antiguo que Bolivia atendió ante un tribunal arbitral y el último caso bajo el paraguas del Ciadi, del cual el país se retiró en mayo de 2007.

El litigio es 2004, durante la gestión de Mesa, cuadno se procedió a la reversión de una concesión minera en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita. Al no haberse alcanzado un acuerdo de indemnización, la empresa chilena demandó dos años más tarde a Bolivia reclamando 66 millones por daños económicos y compensación a sus inversiones.

La determinación del Ciadi la hizo conocer a las partes el 18 de mayo, de acuerdo a documentación publicada en el portal italaw.com. El Comité ad hoc de la Ciadi (organismo del Banco Mundial)  que tomó la decisión estuvo compuesto por Andrés Rigo Sureda, Milton Estuardo Argueta Pinto y Christer Soderlund.