El conflicto por el campo gasífero Incahuasi no encuentra solución y, por el contrario, recrudece. En Chuquisaca anoche ya se reforzó el bloqueo de la estratégica ruta hacia Argentina y otras vías tras algunas horas de reabastecimiento de insumos, mientras que en Santa Cruz cierran filas por las regalías y se alista hoy la Asamblea de la Cruceñidad para definir medidas de presión.

En tanto, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) alista el segundo estudio técnico de esa reserva para definir su extensión y alcance territorial y ha pedido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se mantenga el congelamiento de las regalías a Santa Cruz pese a la conminatoria de un juez que ordenó ayer miércoles reactivar su pago en el plazo de tres días.

Según los chuquisaqueños, que están en un paro indefinido hace diez días, la reserva también alcanza a su territorio y es compartido, algo que los cruceños han rechazado con base en un estudio técnico de la consultora canadiense Petroleum Consultants GLJ que determinó en 2016 que el 100 por ciento les pertenece.

Sin visos de solución, el martes 8 de mayo, en una asamblea de instituciones, los delegados de Chuquisaca decidieron radicalizar sus protestas y rechazar una propuesta gubernamental que valida el segundo estudio técnico anunciado por YPFB para este 14 de mayo y compromete millonarias inversiones en proyectos hidrocarburíferos.

Además, decidieron reforzar el bloqueo en Macheretí, por donde pasa la ruta internacional que conecta a Santa Cruz con la fronteriza Yacuiba y, posteriormente, con Argentina.

Cientos de chuquisaqueños marcharon la tarde de ayer miércoles para despedir a la comitiva, la mayoría estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, que se hará cargo de esa acción de protesta, aunque la Gobernación anunció que no se sumará a los hechos que generen violencia.

Los altos funcionarios del Gobierno, de todas formas, apuestan al nuevo informe técnico para dar fin a la controversia que también está varios meses en el ámbito judicial.

Pero el Departamento de Santa Cruz reiteró la postura “firme e invariable” de “no avalar ningún estudio” por atentar contra su economía y numerosos proyectos, pero sobre todo por no enmarcarse en la justicia, aseguró la Gobernación.

“Sería avalar al injusticia con el pueblo de Santa Cruz y eso no lo vamos a hacer como Gobernación y porque hay un descrédito y desconfianza de Santa Cruz y buena parte del país sobre las acciones que hace el Gobierno”, indicó el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña.