La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció ayer jueves del grave riesgo de cierre que atraviesan los medios de información en Bolivia como consecuencia de la asfixia económica ejercida desde el Gobierno a través de normas inconstitucionales, una sobrecarga tributaria, obligaciones de servicios no pagados por el Estado y una línea política de autocensura que pretende eliminar al periodismo fiscalizador.
Durante el foro denominado: "libertad de expresión y asfixia económica a los medios de información" organizado por la ANP y la Universidad Católica Boliviana San Pablo, se planteó la necesidad de restablecer al Tribunal de Imprenta -que en algún momento funcionó- para evitar que casos de ética que tengan que ver con el ejercicio del periodismo sean llevados de manera ilegal al ámbito penal.
Se denunció además una estrategia sistemática desde el Gobierno de descalificar a los medios fiscalizadores, estigmatizarlos como "opositores" y condenarlos al no pauteo publicitario al momento de la distribución de la torta, en un contexto de polarización en el trato desde el Estado.
"La propuesta es que se dejen de sacar nuevas normas inconstitucionales como la obligatoriedad de ceder páginas y espacios gratuitos que deberían basarse en la responsabilidad de cada medio (...). La ANP lamenta y condena las acciones del Gobierno tendientes a la asfixia económica de los medios independientes", afirmó el presidente de esta organización, Marcelo Miralles.
Denunció que en el Gobierno de Morales se aprobaron 12 leyes y decretos que obligan a los medios a la difusión gratuita de campañas gubernamentales sin pago alguno y que está latente la amenaza de imponer otra carga equivalente a una tercera parte del Impuesto a las Transacciones (IT), lo que genera inestabilidad financiera de radios, canales de televisión, portales web y diarios hasta empujarlos al borde del cierre.
Miralles afirmó que sindicalistas con afinidad política con el Gobierno están impulsando el pago de un nuevo impuesto destinado a un fondo "privado" que representa un tercio del Impuesto a las Transacciones (IT), con el argumento de crear un seguro de vida para periodistas, un proyecto cuestionado por su falta de transparencia.
"Estamos pidiendo que se deje de lado la Ley Hermanos Peñasco de seguro de vida, ya que no cumple su función específica y que sean los medios los que contraten los seguros de vida privados directamente para sus empleados con un beneficio real que incluya los gastos médicos y la inhabilidad temporal, porque el seguro de vida (como está) solo cubre muerte e invalidez permanente", afirmó.
