Un jurado de Estados Unidos responsabilizó ayer martes al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez Berzaín de las muertes de ocho personas en las protestas sociales ocurridas en Bolivia en octubre de 2003 y determinó compensaciones por 10 millones de dólares.

Ninguno de los dos asistió a la lectura del veredicto de los diez miembros del jurado en el tribunal civil de Fort Lauderdale (a 50 kilómetros de Miami) presidido por el juez James I. Cohn.

Ambos fueron declarados responsables de ejecuciones extrajudiciales, pero no de asesinatos intencionados, lo que de acuerdo con integrantes de su equipo es una "incoherencia".

Sus abogados dijeron que no están de acuerdo con el jurado, destacaron que el juicio todavía no ha terminado, pues el juez tiene la última palabra, y confiaron en que "el veredicto se revocará cuando la ley se aplique correctamente".

Los representantes de las nueve personas que demandaron a Goni y al Zorro se mostraron, por el contrario, exultantes.

"Es un mensaje al mundo. Nunca antes unas personas humildes como ellos habían sentado a un expresidente ante un tribunal y habían ganado", manifestó Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de Harvard, que forma parte del equipo legal de los demandantes.

“En una decisión histórica, el ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, fueron hallados responsables de asesinatos extrajudiciales de indígenas en 2003”, informó el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) uno de los organismos que coadyuva con los demandantes.

Una vez conocido el veredicto, abogados y demandantes ofrecieron una rueda de prensa en la que enarbolaron grandes fotografías de algunas de los ocho víctimas objeto de esta demanda civil planteada en 2007.

En la llamada "guerra del gas" que estalló en Bolivia en 2003 contra un plan gubernamental para la exportación del combustible a través de Chile y que derivó en la caída del Gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003) en octubre de ese año murieron más de medio centenar de personas.