El testimonio de un analista militar será parcialmente excluido del juicio civil que los familiares de las víctimas de Octubre negro siguen en Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
Según la orden judicial de la Corte de Distrito de EE.UU., el juez James I. Cohn decidió "conceder en parte y negar el parte" el pedido de exclusión que hizo la defensa.
El documento, firmado el 28 de febrero de este año en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), dice que los acusadores propusieron como testigo a Allen Borrelli, analista con más de 20 años de experiencia en investigación y estudio de estructuras militares en contextos de violencia contra civiles.
Su objetivo, según se lee en la orden judicial, es que Borrelli vierta una opinión sobre si Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de comandar a las FF.AA. el “presunto uso inapropiado de fuerza contra civiles bolivianos” en octubre de 2013, cuando más de 60 personas murieron en medio de una represión militar.
Al solicitar que se lo aparte del caso, los defendidos argumentaron que Borrelli no está calificado para opinar sobre la organización del Ejército de Bolivia y menos aún sobre el rol del expresidente y el exministro en esa estructura.
Borrelli dijo que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tuvieron “un control efectivo de las Fuerzas Armadas. durante el periodo en cuestión”, que a pesar de conocer las bajas de civiles, ninguno de los dos hizo nada para evitar otras muertes y que los militares “incitaron a la violencia contra la población civil en vez de prevenir crímenes contra ella”.
Si bien la Corte considera que Borrelli está en condiciones de testificar en calidad de experto y afirma que su análisis puede ayudar a entender la cadena de comando militar, afirma que dio “un paso demasiado lejos” al ofrecer conclusiones legales que no son de su competencia.
