En su segundo día de alegatos orales en el juicio marítimo que se ventila ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la delegación de Chile defendió la tesis de que ni las negociaciones de 1950 ni las de Charaña, en 1975, generaron obligación alguna de negociar una salida al mar para Bolivia.

Por el contrario, culpó a los gobiernos bolivianos del fracaso de las negociaciones en ambos casos y cuestionó al actual equipo de juristas que representan a Bolivia en ese juicio por presentar versiones incompletas de los hechos para sustentar la exigencia de que Chile se siente en una mesa de negociaciones para atender la demanda marítima.

El jurista Sam Wordsworth comenzó la segunda jornada de exposición de alegatos orales chilenos y, con respaldo de documentos y publicaciones de prensa de la época, afirmó que si bien Santiago se abrió a negociar con Bolivia una salida al mar después de la firma del tratado de 1904, en ningún momento asumió un compromiso de negociar indefinidamente para atender esta demanda.

Sobre el acuerdo de negociación que en 1950 asumieron a través de notas diplomáticas el embajador boliviano en Santiago, Alberto Ostria Gutiérrez, y el canciller chileno Aniceto Solares, durante la posesión del presidente Gabriel Gonzales Videla, dijo que no llegó a buen puerto porque Bolivia dejó a medias el proceso cuando se hizo una consulta sobre un eventual intercambio de territorio por agua. “No se quedó en nada con Bolivia”, afirmó.

Insistió en que un proceso trunco no puede ser usado años después alegando que implicaría una obligación de negociar a una de las partes para que atienda la demanda de la otra.

Además, dijo: “todo convenio entre cancillerías, para que tenga validez, necesita ser sometido al Congreso Nacional para que sea ejecutado o rechazado, cosa que no ocurrió en Chile".

También se refirió al acuerdo de Charaña firmado en 1975 entre los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet y dijo que, de igual forma, las negociaciones fracasaron porque Bolivia tuvo cuestionamientos a los términos iniciales que implicaban el intercambio territorial.

Aseguró que tampoco este acuerdo y las posteriores negociaciones pueden ser consideradas como un antecedente que sustente la obligación jurídica de negociar, no solo porque concluyeron sin éxito, sino además porque nunca Chile asumió ese tipo de compromiso.

“Lo que ahora Bolivia reclama como derecho nunca ha estado disponible ni lo pudiera haber estado”, afirmó.

“Según el general Banzer, en una entrevista de diciembre de 1975, el acta de Charaña no incluye un compromiso categórico de Chile de resolver la situación de mediterraneidad de Bolivia”, agregó.

DOCUMENTOS

La abogada Mónica Pinto, miembro del equipo jurídico chileno ante la CIJ, aseguró que las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia no han creado obligaciones para negociar un acceso soberano al mar. “Los textos no utilizan la palabra obligación”, enfatizó.

Dijo que Bolivia no ha podido explicar por qué ha cambiado sus interpretaciones de las resoluciones de la OEA donde señala que a través de estos documentos hay obligaciones de negociar entre Bolivia y Chile. “La OEA no pude obligar a adoptar un comportamiento forzado”, añadió.

El jurista del equipo chileno, Ben Juratowitch, abogado australiano, aseguró que la declaración de Algarve de 2000 y la Agenda de 13 puntos establecida en 2006, entre Chile y Bolivia, no crearon ni confirmaron ninguna obligación jurídica respeto a una negociación para un acceso soberano al mar.

Aseguró que en la Agenda de 13 Puntos, establecida entre Evo Morales y Michelle Bachelet, no se hace mención a un “acceso soberano” al océano Pacífico, por lo tanto no puede usarse como un documento que genere efectos jurídicos.

 FRACASO Y RUPTURA