La demanda de hoja coca para el consumo tradicional creció entre 2014 y 2017 de 14.700 hectáreas (ha) a 17.100 ha, según los cálculos del Observatorio Boliviano de Drogas. Ese dato fue uno de los argumentos que expuso ayer el viceministro de Defesan Social, Felipe Cáceres, para defender el alza de los cultivos frente a la preocupación de un organismo internacional.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó el 1 de marzo un informe de Precursores de 2017 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en el que se expresa preocupación por la ampliación de cultivos de coca legales en Bolivia de 12.000 hectáreas a 22.000.
Cáceres fijó una posición del Gobierno sobre el informe y aseguró que toma nota de las observaciones y preocupaciones pero recordó que el límite de las 12.000 ha, que estaban inscritas en la anulada ley 1008 de 1988, fue fijado en un contexto y situación distinta a la actual.
La actual ley de la Coca amplía ese límite legal hasta 22.000 ha apoyada en la demanda para el uso tradicional y la industrialización. Mencionó que un informe sobre el consumo de la hoja de coca, incluso con apoyo de la Unión Europea, determinaba que en 2014 “se requerían 14.700 ha para el consumo tradicional de hoja de coca en todo el territorio”.
Dijo que nuevos datos del Observatorio Boliviano de Drogas muestran que esa cifra creció a 17.100 ha hasta 2017.
Bolivia renunció a la Convención de las Naciones Unidas de 1961 porque rechazaba la prohibición del acullico. En 2013 retornó al acuerdo internacional con la reserva de despenalizar el acullico (masticado de coca), uso tradicional de la hoja que estaba prohibido por ese tratado.
