La censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia con puntos de vista críticos, generan un riesgo para las libertades de prensa y de expresión, y por ende para la democracia", alertó ayer el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Marcelo Miralles Iporre.
Durante la audiencia sobre la Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa en la Región Andina en el marco del 167 Periodo de Sesiones de la CIDH, Miralles describió el conjunto de normas y políticas orientadas a silenciar el trabajo de periodistas y medios independientes.
Informó que entre 2010 y 2017, la ANP reportó 136 agresiones físicas a periodistas y medios de información, y de otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas.
Junto a representantes de Fundamedios de Ecuador, el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú (Ipys Perú) y el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) que integran el Bloque Voces del Sur, el ejecutivo expresó rechazo a la acción judicial que determinó el encarcelamiento preventivo de periodistas y sin elementos que justifiquen esa medida extrema.
En un informe entregado a la CIDH, la ANP abogó por el cese de la persecución judicial contra el periodista Wilson García, y reclamó justicia para las periodistas Yadira Peláez y Claudia Pardo, procesadas por denunciar acoso en Bolivia Tv.
La organización hizo este pedido de la misma manera en que se pronunció contra el "injusto encarcelamiento" de los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco, en 2015.
AGRESIONES FRECUENTES
El informe de la ANP recuerda que el "gobierno califica de 'opositores' a periodistas y medios independientes incitando a sectores afines al gobierno, a golpear, despojar de equipos y agredir verbalmente a reporteros encargados de la cobertura de conflictos sociales".
En 2016 se inició una campaña para desvirtuar el trabajo de investigación periodística con calificativos como el "cártel de la mentira". "Es preocupante ver que el presidente Morales declara a la prensa como el enemigo número uno, y habla de terroristas mediáticos, expresó.
Miralles ratificó las denuncias de la ANP sobre la aplicación de un artículo de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación que orienta sanciones y amenazas de clausura contra los medios de información por la difusión de noticias que la autoridad considere racistas y discriminatorias.
A consecuencia de esta norma, "los medios utilizaron la autocensura y la censura previa como métodos de protección, ambas prohibidas por la Contitución Política del estado y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos", dijo.
Resaltó que la ANP fue la única organización que alertó este hecho y continúa con la misión de restablecer este derecho ciudadano.
