Pese a la decisión del presidente Evo Morales de pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la derogatoria de los artículos 205 y 137 del Código del Sistema Penal, el transporte pesado consideró una solución parcial al conflicto ya que demandan la derogación de todo el código. La advertencia de un paro se mantiene desde el lunes 8 de enero.

“Es una solución parcial (la derogatoria del artículo 137) para nosotros porque hay otros puntos o artículos que también nos penalizan. Por ejemplo, el tema tributario. En caso de no cancelar nuestros tributos, también nos penaliza y entramos en la cárcel”, afirmó a un diario nacional el vicepresidente de la Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional (Ceatpenal), Óscar Reynolds.

La posición oficial del sector, haciendo una evaluación a lo anunciado ayer por el primer mandatario, se lo tendría que asumir en otro ampliado ya que la demanda principal del ampliado nacional de las organizaciones del transporte pesado, en Potosí, determinaron pedir la anulación del Código de Sistema Penal.

UN ATENTADO

Según los transportistas, la norma “atenta” sus intereses de su sector con una triple sanción, en lo penal, económico e incluso la inhabilitación de la licencia en caso de que protagonizan un accidente con muerte de persona.

“Nosotros vamos a ver qué posición se toma, seguramente los compañeros están siendo informados lo que han propuesto el señor presidente, por tanto, vamos a comunicarnos entre todos y para ver la reacción y la postura que vamos a tomar”, afirmó.

Ayer por la mañana, el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, convocó para hoy viernes una nueva reunión con las federaciones de transportistas del país en la Cámara de Senadores, donde se analizarán las observaciones que tiene el sector al artículo 137 para frenar el paro nacional.