El Ministerio de Salud anunció ayer que regulará los aranceles de los servicios de salud en clínicas y centros privados, como parte de las funciones del Estado. Para ello, convocó a representantes de colegios médicos, que ahora fijan tarifas, para consensuar los precios.
“Como sucede en todos los países, el Estado regula los aranceles, cobros y honorarios médicos, pero hasta el día de hoy el Colegio Médico era el que lo establecía (...). Nos han manifestado (los médicos) su preocupación y les decimos de manera pública que no se preocupen, pueden ser parte si aceptan la invitación para elaborar los aranceles. No vamos a hacer entrar en bancarrota a ninguna clínica privada, pero sí tenemos derecho a regular”, afirmó la titular del área, Ariana Campero.
En conferencia de prensa y junto a los presidentes de la Asamblea Legislativa, José Gonzales y Gabriela Montaño, la ministra de Salud explicó que en la reciente reunión que tuvo con los representantes médicos, en Santa Cruz, la dirigencia expresó su preocupación sobre una regulación de precios por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control a Salud (Asinsa).
“En primer lugar la autoridad no va a aprobar aranceles, no lo va a establecer, eso lo hace la autoridad competente, tenemos un Ministerio de Salud. La Autoridad solo fiscaliza, regula y controla los precios y aranceles que se van a establecer con nosotros”, aclaró.
Al respecto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, afirmó que el tema de aranceles no es parte del conflicto actual. “Lo que rechazamos y pedimos que se anule es el DS 3385, de la Autoridad de Fiscalización por vulnerar leyes”, afirmó Cruz.
Especificó que el tema de tarifas, si se llega a un acuerdo y deroga el 3385, se lo tratará en una de las mesas técnicas que se abrirá para atender las diferentes demandas de los profesionales en salud. “Será el momento de aclarar y solucionar los diferentes temas, no solo la regulación de aranceles del sector privado”.
NUEVA DEMANDA
El defensor, David Tezanos Pinto, presentó ayer una nueva Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para evitar que continúe el paro médico, activado hace 17 días.
