En menos de un mes, el mundo sabrá cuáles fueron las fallas que llevaron a que un vuelo chárter se estrellara en las montañas de Colombia con futbolistas, directivos y periodistas a bordo. La Aeronáutica Civil revelará en diciembre el informe final de la investigación que dirigieron y en la que también participaron funcionarios de Bolivia y Brasil.

Solo seis ocupantes sobrevivieron: una azafata, un técnico de aviación, un periodista y tres jugadores.

A un año y un día de la tragedia no hay ninguna persona condenada por el accidente, aunque sí varios investigados, todos ellos de nacionalidad boliviana y vinculados a la aerolínea, a la autoridad aeronáutica boliviana (DGAC) o a la administración de aeropuertos de Bolivia, Aasana.

Los primeros en ser detenidos fueron el gerente de LaMia y el director de la Dgac -equivalente en Bolivia a la Aerocivil colombiana- quienes, además, resultaron ser padre e hijo.

El hijo (Gustavo Vargas Villegas) dirigía la entidad que le entregó permisos a la empresa del padre (Gustavo Vargas Gamboa), pero a un año de la tragedia la justicia boliviana no ha concluido si hubo favorecimiento ilícito.

El capitán Édgar Chávez Balcazar, supervisor del sistema de vigilancia de la seguridad operacional de la División General Aeronáutica de Bolivia (Dgac), explicó que ese conflicto de intereses no había sido declarado. Vargas Villegas fue relevado del cargo junto con otros directivos y mandos medios. Además a Lamia se le canceló el permiso de operación.